El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha solicitado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que active el Estatuto de Bloqueo para evitar que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la relatora de la ONU Francesca Albanese y los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (TPI) que investigan el genocidio en Gaza tengan efectos en la Unión Europea.
Así lo anunció el mandatario en su cuenta de la red social X, recogido por Europa Press, ante las medidas punitivas que Washington viene aplicando a miembros de la ONU y del TPI. La activación del Estatuto de Bloqueo es una herramienta que permite dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la UE.
El jefe del Ejecutivo subrayó que España «no mira hacia otro lado» y advirtió que «sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos».
En su opinión, la Unión Europea no puede permanecer indiferente ante esta persecución, por lo que reclamó a la Comisión que active el Estatuto de Bloqueo para proteger la independencia del TPI y de Naciones Unidas, así como sus acciones para acabar con el genocidio en Gaza.
El presidente español reacciona así a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto desde principios de 2025 contra once jueces y fiscales del TPI.
En febrero de 2024, el entonces presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para sancionar a altos cargos y trabajadores del TPI en represalia por la orden de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant.
En julio, Washington sancionó a la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, por su «campaña» contra Israel. En agosto, sumó una sanción contra cuatro miembros del TPI vinculados a casos contra Israel y Estados Unidos, y en diciembre de 2025 sancionó a otros dos jueces del tribunal por sus «esfuerzos» para investigar a israelíes.
Netanyahu aplaudió las sanciones, afirmando que «el TPI no es un tribunal de justicia, sino una herramienta política del lawfare internacional».
Carta a Von der Leyen
El anuncio de Sánchez se produce tras enviar una carta a la presidenta de la Comisión, en la que alerta de que dichas sanciones «suponen un precedente muy preocupante que compromete el funcionamiento independiente de instituciones esenciales para la justicia internacional», según un comunicado de Moncloa.
En el texto se detalla que las medidas de presión autorizadas por Trump incluyen «cancelación de cuentas y servicios bancarios, restricciones para viajar, y todo tipo de obstáculos para impedir que hagan su trabajo: investigar y perseguir la violación de derechos humanos».
Moncloa recuerda que el Reglamento de la UE 2271/1996, conocido como Estatuto de Bloqueo, ha servido tradicionalmente para proteger a operadores económicos europeos contra la aplicación extraterritorial de leyes de terceros países. Sin embargo, el Gobierno español plantea que es momento de que este mecanismo «supere la lógica comercial con la que fue creado» y funcione como «escudo» frente a medidas que pongan en riesgo el sistema.
El Gobierno pide superar la lógica comercial
Para activarlo, la UE debe incluir la norma extranjera lesiva en el anexo del Reglamento. España solicita incorporar varias órdenes ejecutivas estadounidenses dictadas bajo la International Emergency Economic Powers Act y la National Emergencies Act, que sustentan las sanciones.
La carta destaca el papel esencial del TPI en la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas por crímenes atroces (genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad), y la función clave de los Relatores Especiales de la ONU para investigar violaciones de derechos humanos.
Para Sánchez, las sanciones no solo afectan a sus titulares, sino que «erosionan toda la arquitectura normativa que sustenta las relaciones internacionales».
España recaba el apoyo de otros Estados miembros
El Gobierno señala que ya trabaja para conseguir el respaldo de otros Estados miembros comprometidos con la justicia internacional, a fin de articular una coalición que respalde la solicitud ante la Comisión.
Además, promoverá la inclusión del asunto en el orden del día del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, con el objetivo de que sus Conclusiones recojan un mandato político explícito a la Comisión. «Nuestro compromiso compartido con el Derecho Internacional exige una respuesta decidida y coherente», afirma Sánchez.
El Ejecutivo considera que, en un momento de «incertidumbre global en el que algunos actores intentan demoler el orden internacional», la UE debe reforzar su compromiso con los pilares de un sistema de paz y progreso. La activación del Estatuto de Bloqueo es una «oportunidad» para apuntalar una soberanía europea real y efectiva, más allá de la protección de intereses económicos.
Fuente: Infobae