El presidente Daniel Noboa remitió oficialmente a la Corte Constitucional del Ecuador el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Ecuador y Estados Unidos, dando inicio al control constitucional previo requerido antes de su eventual ratificación.
El trámite fue formalizado mediante un oficio fechado el 21 de abril de 2026, en el que el mandatario solicita al máximo organismo de control constitucional que determine si este instrumento internacional necesita o no aprobación previa de la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto por la Constitución.
El acuerdo, suscrito el pasado 13 de marzo entre ambos países, fue previamente remitido por la Cancillería a la Presidencia de la República para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Tras el sorteo respectivo, el caso quedó en manos de la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, quien asumirá el análisis inicial del documento.
Según establece la normativa ecuatoriana, todos los tratados internacionales deben pasar obligatoriamente por una revisión previa de constitucionalidad antes de ser ratificados por el Ejecutivo.
En este proceso, la Corte dispone de un plazo de ocho días para determinar si el acuerdo se ajusta a alguna de las causales contempladas en el artículo 419 de la Constitución, que obligan a una aprobación legislativa.
Entre esos criterios figuran compromisos relacionados con integración económica, comercio internacional, cesión de competencias, endeudamiento o posibles afectaciones a derechos y garantías constitucionales.
La decisión del organismo será clave para definir la hoja de ruta del acuerdo comercial impulsado por el Gobierno de Noboa.
Si la Corte determina que el tratado requiere aprobación legislativa, deberá pasar a conocimiento y votación de la Asamblea Nacional; caso contrario, el Ejecutivo podría avanzar directamente hacia su ratificación.
Radio Pichincha