El inicio del nuevo año lectivo en la región Costa-Galápagos arrancó este lunes bajo un escenario de fuertes tensiones entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), que advierte una profunda crisis en el sistema educativo público ecuatoriano.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, en una entrevista con Ecuavisa, aseguró que el retorno a clases ocurre en medio de una “emergencia institucional”, caracterizada por planteles deteriorados, déficit de maestros, inseguridad creciente y falta de inversión estructural.
Según expuso, más de 6.000 instituciones educativas del régimen Costa requieren algún nivel de intervención, mientras que, de acuerdo con datos oficiales citados por el dirigente, apenas una fracción de escuelas ha recibido atención en los últimos años.
Además, advirtió sobre un déficit estimado de hasta 64.000 maestros y denunció despidos recientes de profesores contratados, así como retrasos en procesos de ascenso y homologación salarial.
A esta situación se suma la inseguridad. La UNE alertó sobre el incremento del reclutamiento de menores por estructuras criminales, microtráfico y violencia en entornos escolares.
Quishpe citó cifras alarmantes del Observatorio de la Niñez, señalando que en Ecuador un menor es asesinado cada 14 horas, lo que refleja que la crisis educativa también está atravesada por el deterioro social y económico del país.
¿Qué dice el Gobierno?
Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, en entrevista con Teleamazonas, defendió la gestión gubernamental y aseguró que el retorno escolar se desarrolla bajo una estrategia integral de seguridad denominada “Nos Cuidamos”, coordinada con Policía Nacional y Ministerio del Interior.
La funcionaria informó que más de 19.000 policías estarán desplegados en zonas vulnerables y que 450 nuevas instituciones serán incorporadas a la segunda fase del plan de prevención y reacción frente a violencia escolar.
Además, destacó que el Gobierno destinó recursos para mantenimiento de infraestructura, contratación de docentes y fortalecimiento de departamentos de consejería estudiantil.
Según Alcívar, durante la actual administración se incorporaron 18.000 nuevos docentes, de los cuales 3.000 cuentan con nombramiento definitivo, y se prevé seguir reduciendo la brecha de cobertura.
También aseguró que existen planes de contingencia frente al posible impacto del fenómeno de El Niño y que se mantiene la prioridad en clases presenciales.
Sin embargo, las diferencias entre ambas posturas reflejan una disputa más profunda sobre el estado real de la educación pública.
Mientras el Ejecutivo resalta avances en inversión, seguridad y cobertura, la UNE insiste en que el sistema enfrenta un deterioro estructural que no puede resolverse con medidas parciales.
Radio Pichincha