Un informe presentado el 29 de abril en Kiev destapa cómo más de 600 peruanos fueron reclutados bajo falsas promesas para unirse a las filas rusas en la guerra contra Ucrania. Al menos 13 de ellos han fallecido. Familiares denuncian amenazas, falta de respuesta oficial y una organización delictiva que utiliza redes sociales con gran eficiencia. El documento, de alcance internacional, señala que este fenómeno no es aislado, sino parte de un plan global de trata de personas liderado por el Estado ruso.
El modus operandi es recurrente: un mensaje por Instagram o Telegram ofrece un empleo en seguridad, cocina o transporte, con un salario de hasta 4.000 dólares mensuales y un bono inicial que oscila entre 20.000 y 50.000 dólares. El contrato está redactado en ruso, idioma que los reclutas no comprenden. En tres días están en el aeropuerto. Al llegar a Moscú, les confiscan pasaporte, celular y documento de identidad, y les imputan una deuda de 20.000 dólares por el traslado. Tras tres semanas de adiestramiento militar, son enviados al frente.
Esa narrativa se repite entre las familias de los más de 600 peruanos atrapados en el conflicto. Las víctimas son principalmente licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, aunque también hay civiles con oficios técnicos. Según el abogado Percy Salinas, los reclutadores son colombianos, mexicanos y tres peruanos con base en Lima. La empresa ha cambiado de denominación al menos seis veces para eludir a las autoridades.
El patrón global documentado
El 29 de abril de 2026, en el Gran Salón de la Academia Diplomática Hennadii Udovenko del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la organización Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho (KIBHR) presentaron el informe “¿Combatientes, mercenarios o víctimas de trata de personas? La explotación rusa de combatientes extranjeros en su guerra contra Ucrania”. El documento, fruto de nueve meses de investigación en América Latina, Asia Central y África, incluye entrevistas a prisioneros de guerra en manos ucranianas.
Aunque Perú no figura en el informe, cada línea describe lo que sucede en el país. Según el documento, desde febrero de 2022 Rusia ha reclutado al menos 27.000 extranjeros de más de 130 países. De ellos, entre 1.000 y 8.000 son latinoamericanos, siendo Colombia el caso más documentado. El número de combatientes foráneos creció más de un 30% entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, y la inteligencia ucraniana proyecta que Moscú reclutará otros 18.500 extranjeros antes de que termine 2026.
“Rusia ha construido un sistema de reclutamiento global que apunta deliberadamente a las poblaciones más vulnerables: migrantes indocumentados, detenidos, trabajadores en situación precaria, incluso estudiantes extranjeros, en decenas de países de Asia, África y América Latina”, afirmó Alexis Deswaef, presidente de la FIDH, al momento de presentar el informe. “En todos los casos, es un Estado el que los instrumentalizó como parte de su maquinaria de guerra y los envió a las posiciones más peligrosas del frente”, agregó.
El informe detalla que los contratos se entregan en ruso a personas que no entienden el idioma, sin explicación y en circunstancias que hacen imposible negarse. De los 16 prisioneros de guerra entrevistados, 13 declararon que les habían dicho que no tendrían que combatir. La mayoría fue enviada a posiciones de primera línea en semanas.
Muchos fueron asignados a los llamados “asaltos de carne”, ataques frontales de alto riesgo con tasas de bajas extremas. Estimaciones ucranianas indican que uno de cada cinco reclutas extranjeros no sobrevive el primer período de despliegue. Al menos 3.388 combatientes extranjeros han muerto en combate desde 2022; otras estimaciones elevan la cifra por encima de los 5.000.
La realidad de las familias peruanas
En Perú, las familias de los reclutados viven una espiral de angustia, burocracia y amenazas. Más de 120 familias presentaron denuncia formal ante la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú. Al día siguiente de interponer las denuncias, varios familiares comenzaron a recibir mensajes amenazantes. Cinco peruanos han sido repatriados hasta ahora: cuatro desde Moscú y uno desde Polonia. Frente a los más de 600 atrapados, la cifra es mínima.
El abogado Percy Salinas criticó la respuesta oficial: “La Cancillería no nos está brindando el apoyo”. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Embajada de Rusia en Lima una lista formal de peruanos en zona de conflicto y conformó un grupo de trabajo con el Ministerio Público, la Policía Nacional, y los ministerios de Interior, Defensa y Trabajo. Moscú respondió el 30 de abril con un comunicado en el que indicó que “respeta la decisión de ciudadanos extranjeros de participar en la defensa de su soberanía” y que está dispuesta a brindar información si se presentan solicitudes formales.
El informe de la FIDH y Truth Hounds es categórico: el sistema de reclutamiento “exhibe todos los elementos constitutivos de la trata de personas” y viola el Protocolo de Palermo de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El documento también concluye que ninguno de los países de origen analizados ha logrado prevenir o remediar plenamente la trata de personas.
Una red que continúa activa
El esquema no es exclusivo de Perú. Se repite en Bolivia, Ecuador y, con mayor volumen, en Colombia. La red cambia de nombre, muda de plataforma y sigue activa. “A pesar de que muchos estados toman medidas para frenar el reclutamiento, y aunque Rusia afirma que ya no recluta ciudadanos de ciertos países, el reclutamiento predatorio continúa”, advirtió Maria Tomak, investigadora asociada de Truth Hounds.
El informe recomienda a los países de origen investigar y desmantelar las redes criminales, procesar a los reclutadores, gestionar diplomáticamente el acceso a sus nacionales —incluidos los prisioneros de guerra detenidos en Ucrania— y brindar apoyo a las familias. También llama a revisar la definición internacional de mercenariado, demasiado estrecha para abarcar el fenómeno documentado. Para las familias peruanas, esos marcos jurídicos son abstracciones lejanas. Lo concreto son los 13 muertos, los cuerpos en morgues, los teléfonos que ya no responden y la certeza de que la red que se llevó a sus seres queridos sigue operando.
Fuente: Infobae