El procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, Nicolás Petro Burgos, se encuentra en el centro de una controversia judicial. La Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, lo acusa de haber utilizado beneficios turísticos reservados a militares, aprovechando su vínculo con la familia presidencial.
Aunque el hijo del presidente Gustavo Petro no asistió presencialmente a las audiencias en Barranquilla, argumentando restricciones de movilidad por su inclusión en la Lista Clinton y dificultades económicas, la Fiscalía demostró que realizó desplazamientos y estadías de placer en destinos exclusivos, de difícil acceso incluso para miembros de la fuerza pública.
Las contradicciones surgieron a partir de registros y publicaciones en redes sociales, lo que motivó un pedido de arresto en su contra y el de su abogado ante el juez Hugo Carbonó, según un documento de la Fiscalía al que tuvo acceso Semana.
Se detectó una factura a nombre de Laura Ojeda Estupiñán, pareja de Petro Burgos, fechada el 15 de abril de 2026, emitida por el Batallón Córdova en el Centro Vacacional San Fernando, en Santa Marta, Magdalena. La factura, por $1.108.000, incluyó gastos en restaurante, bar, comidas rápidas y peluquería, pero no alojamiento, a pesar de que la tarjeta de registro reflejó una estadía de 15 días. El documento fue expedido cinco días después del supuesto consumo y tras la visita de los investigadores, lo que aumentó las dudas sobre la trazabilidad y legalidad de la operación.
Fiscalía revela contradicciones entre alegatos y presencia en clubes militares
El informe fiscal señala que, aunque Petro Burgos afirmó no poder viajar por las sanciones internacionales que le impedían comprar pasajes, los registros muestran que sí viajó al Caribe colombiano durante el mismo periodo. Los investigadores confirmaron una reserva para siete personas en el San Fernando entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2026, bajo el nombre de Laura Ojeda. El sistema Zeus y las inspecciones policiales validaron su estancia en el centro recreacional en plena temporada alta.
La entidad sostuvo que los indicios de consumo y estancia del exdiputado del Atlántico en Santa Marta coinciden con publicaciones de Ojeda y otros usuarios en redes sociales. En la tarjeta de registro del club militar no se cobró la estadía, sino otros consumos. Por ello, la Fiscalía solicitó esclarecer qué funcionario emitió la factura, en qué condiciones se accedió a los servicios y cuántas personas fueron beneficiadas, anticipando un posible esquema de autorizaciones irregulares.
“Resulta un contrasentido jurídico y fáctico que el procesado alegue una restricción de movilidad, derivada de su inclusión en la Lista Ofac, para eludir los llamados de la Justicia, mientras que, de manera simultánea y con posterioridad a dicha inclusión, ha demostrado tener plena capacidad, logística y disposición para desplazarse entre las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Bogotá”, citó la fiscal Lucy Laborde en audiencia.
Estas incongruencias motivaron la solicitud de imposición de medidas correccionales ante el juez Carbonó.
Defensa sostiene que Nicolás Petro se moviliza por seguridad y niega ilegalidad
El abogado Alejandro Carranza, representante legal de Nicolás Petro, argumentó que la inclusión en la Lista Ofac no limita los desplazamientos dentro del territorio nacional por vía terrestre. Agregó que su cliente utiliza guarniciones militares exclusivamente por razones de seguridad, considerando su condición de hijo del presidente y el esquema de protección estatal que posee.
Sobre la ausencia en las audiencias presenciales, la defensa explicó que Petro Burgos ha cumplido con las audiencias virtuales y que no alojarse en hoteles de lujo responde a criterios de seguridad, no a intentos de entorpecer la acción judicial.
“Pretender deducir ocultamiento por no alojarse en un hotel 5 estrellas es desconocer cómo opera la protección de personas en riesgo”, afirmó Carranza.
Además, el propio Nicolás reclamó que la exposición pública de imágenes familiares en el expediente ponía en peligro a su círculo cercano, pero los investigadores remarcaron que esas publicaciones provenían directamente de Laura Ojeda.
Juez define si hubo desacato de órdenes judiciales
El juez Hugo Carbonó abrió un incidente de medidas correccionales tras la solicitud formal de la Fiscalía, que fundamentó su petición en el presunto incumplimiento de las órdenes de asistir presencialmente a las audiencias. Deberá analizar si Nicolás Petro Burgos efectivamente eludió dichas órdenes y si, como sostiene la acusación, engañó a la Justicia. Las dudas centrales giran en torno a la legalidad del acceso a clubes militares, el uso de facturas retrospectivas y la posible participación de funcionarios en la autorización y registro de estos servicios.
La dependencia de registros hoteleros, publicaciones en redes sociales, cronogramas de traslados y documentos administrativos será clave para dilucidar el alcance de las actuaciones de Petro Burgos y determinar si, además de incumplir órdenes judiciales, existió un mecanismo irregular para evadir controles y obtener ventajas indebidas reservadas a uniformados.
Fuente: Infobae