Los trabajadores en Ecuador enfrentan un escenario de retroceso en sus garantías laborales debido a una serie de reformas impulsadas durante el gobierno de Daniel Noboa, según denuncian sindicatos y especialistas.
Estas medidas, afirman, han generado precarización tanto en el sector público como en el privado, con efectos en la estabilidad laboral, el respeto a los derechos y el poder adquisitivo de la población.
La abogada laboralista Angie Toapanta sostiene que los cambios normativos son regresivos, ya que afectan derechos históricos como la jornada de ocho horas y la estabilidad laboral. En la misma línea, José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, advierte un aumento del empleo precario, despidos en sectores estratégicos y un creciente malestar social.
Según la experta, las reformas y medidas más polémicas incluyen:
- Intentos de reforma vía Consulta Popular: En 2024 se intentó revivir el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo.
- Para 2025, se planteó una propuesta de “constitución mínima” que buscaba fusionar los sistemas de salud del IESS con el Ministerio de Salud y reducir al máximo las garantías laborales, dejando su reglamentación a discreción de la ley, pero no se concretó.
- Ley Orgánica de Integridad Pública: Esta normativa destaca en el sector público por haber terminado con la estabilidad laboral, permitiendo despidos arbitrarios sujetos a evaluaciones de desempeño o al criterio de las autoridades de turno y no técnicas. Con esta norma que posteriormente fue declarada inconstitucional, el Gobierno despidió a más de 5.000 empelados públicos.
- Reformas en el sector privado y jornada laboral
- Se emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2024-200 durante la crisis energética para facilitar la fragmentación de la jornada laboral. Con este acuerdo se creó el esquema conocido como “pico y placa eléctrico”, que permitió modificar y fragmentar la jornada laboral de forma temporal en el sector privado debido a los apagones, el empleador y trabajador podían pactar horarios distintos a los del contrato original. Distribución flexible de las 40 horas semanales, concentrándolas en menos días. Se permitieron jornadas de hasta 10 horas diarias, por ejemplo: Lunes a jueves (4 días) Jueves a domingo (4 días) adaptada a los cortes de energía.
El polémico Acuerdo 59
- El Acuerdo Ministerial MDT-2026-059 o Acuerdo 59 permite jornadas de 10 horas diarias ordinarias y la implementación de un “banco de horas”, justificándolo como una necesidad para mujeres y jóvenes. Aunque el Gobierno lo presentó como una medida para modernizar el mercado laboral y mejorar la empleabilidad, el acuerdo amplía la flexibilidad en horarios y turnos, lo que para los sectores sindicales impone una forma de fragmentar la jornada laboral tradicional dando paso al trabajo por horas prohibido en la Constitución y rechazado en consultas populares. Este acuerdo, publicado en marzo de 2026, regula principalmente:
- Turnos y horarios especiales de trabajo
- Define cuándo una empresa puede aplicar jornadas especiales (por ejemplo, cuando se trabaja más o menos de los días habituales o con descansos distintos a los tradicionales).
- Estos esquemas deben ser autorizados por el Ministerio del Trabajo.
Nueva modalidad: “jornada laboral eficiente”
- Introduce una forma de organización del trabajo que permite redistribuir las horas laborales de manera más flexible.
- Busca adaptar la jornada a necesidades productivas o externas (como demanda, horarios o condiciones operativas).
Flexibilización de la jornada
- Permite distribuir las horas dentro de los límites legales sin alterar necesariamente el total semanal.
- En la práctica, esto facilita esquemas no tradicionales (jornadas concentradas, rotativas o fragmentadas).
Incentivos al empleo joven
- Da prioridad a empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años, incluso con trato preferente en trámites.
Otra norma considerada negativa para los trabajadores es la Ley de Educación Dual.
Según la laboralista Angie Toapanta, esta ley ha sido criticada por precarizar el trabajo estudiantil, ya que reemplaza el régimen de pasantías pagadas por uno donde los estudiantes no reciben remuneración ni afiliación al IESS; en su lugar, las universidades solo deben contratar un seguro privado para riesgos laborales.
Persecución y limitación sindical
Se han emitido acuerdos ministeriales (MDT-2025-082 y MDT-2026-019) que imponen nuevos requisitos para el registro de directivos, congelan negociaciones colectivas y realizan revisiones de oficio de contratos colectivos.
Además, se señala un veto a organizaciones sindicales autónomas, priorizando el diálogo únicamente con centrales afines al gobierno.
El Ministerio del Trabajo anunció una reforma integral al reglamento sindical, que incluye:
- Cambios en el registro de directivas
- Digitalización de trámites
- Ajustes en personería jurídica y estatutos
Uso de sumarios administrativos
Se modificó la normativa de los sumarios administrativos, herramienta que fue utilizada para la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad.
El instrumento central fue el Acuerdo Ministerial MDT-2024-175, emitido por el Ministerio del Trabajo en 2024. Este instrumento se usó para:
- Regular el procedimiento de sumario administrativo para faltas graves en el sector público.
- Estableció que las sanciones posibles son:
- Suspensión sin sueldo
- Destitución del cargo
- Definió que el trámite sería llevado por la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo.
El cambio más relevante fue el alcance del acuerdo:
- Inicialmente aplicaba a servidores públicos en general.
- Luego se ajustó para aplicarse a instituciones de la Función Ejecutiva, sin excluir explícitamente a autoridades electas.
Esto permitió una interpretación clave: incluir a funcionarios de elección popular dentro del régimen de sumarios administrativos, permitiendo que se inicien sumarios contra funcionarios “excluidos de la carrera del servicio público”, categoría donde se ubicó a autoridades electas.
Debilitamiento de la Inspección del Trabajo
Se reporta una crisis institucional con reducción de inspectores, falta de recursos básicos (como vehículos o secretarios) y condiciones de trabajo inapropiadas, lo que reduce la capacidad de fiscalización de los derechos laborales.
José Villavicencio anunció un aumento en la precarización laboral, incumplimiento de derechos básicos y el impacto negativo de las políticas del Fondo Monetario Internacional.
Además de los despidos masivos en sectores estratégicos como la salud, Villavicencio advierte que la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que elimina las partidas 51 y 71, genera una ola de despidos de trabajadores y servidores públicos, privando a la población de servicios sociales que prestan Municipios y Prefecturas.
Ademas Villavicendio destaca las amenazas a la democracia y la persecución económica contra organizaciones sociales. Según Villavicencio, hay un enorme descontento ciudadano ante el alto costo de la canasta básica, la inseguridad y las posibles reformas al sistema de seguridad social.