La Corte Constitucional del Ecuador (CC) dio el primer paso procesal en la resolución de las controversias que rodean el proceso de selección del próximo titular de la Fiscalía General del Estado. El 27 de abril de 2026, la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo avocó conocimiento de la acción pública de inconstitucionalidad presentada contra el reglamento que rige este concurso.
Contexto de la demanda
Dentro de las primeras disposiciones del despacho de sustanciación, se notificó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para que, en un plazo de 48 horas, remita un informe técnico que detalle si la disposición demandada se encuentra vigente o si ha sido reformada. Esta medida busca esclarecer el estado normativo actual antes de que el máximo tribunal de interpretación constitucional tome una decisión de fondo.
La demanda, impulsada por el asambleísta Luis Fernando Molina y otros legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuestiona específicamente cambios en los requisitos para los aspirantes. El reclamo se centra en la eliminación de una prohibición que impedía postularse a abogados que hubieran ejercido la defensa técnica en casos de narcotráfico o crimen organizado.
- Peculado
- Cohecho
- Concusión
- Enriquecimiento ilícito
- Terrorismo, genocidio
- Etnocidio
- Exterminio
- Esclavitud
- Deportación o traslado forzoso de población
- Desaparición forzada
- Ejecución extrajudicial
- Persecución
- Apartheid
- Delitos de lesa humanidad
- Trata de personas
- Tráfico de órganos
- Turismo para la extracción
- Tratamiento ilegal o comercio de órganos
- Explotación sexual de personas
- Prostitución forzada
- Turismo sexual
- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes
- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes
- Sicariato
- Secuestro
- Secuestro extorsivo
- Extorsión
- Tráfico ilícito de migrantes
- Producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (alta escala)
- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (gran escala).
Los accionantes sostienen que este cambio vulnera la seguridad jurídica y el principio de probidad notoria que debe ostentar la autoridad que dirija la Fiscalía.
Estado del concurso
Por su parte, el Cpccs defiende la legalidad del reglamento. Santiago Peñaherrera, abogado del organismo, solicitó a la Corte que la demanda sea rechazada “de plano”, argumentando que no existe una violación a preceptos constitucionales y que no se ha desvirtuado la presunción de constitucionalidad de la norma.
Mientras el trámite judicial avanza, el concurso público no se detiene. Actualmente, una comisión ciudadana lleva adelante la etapa de calificación de méritos, en la cual participan 28 aspirantes que buscan suceder en el cargo a la actual Fiscal General.
Radio Pichincha