En 2007, la Ciudad de México marcó un hito al convertirse en la primera entidad del país en despenalizar el aborto. Este precedente abrió la puerta para que, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la criminalización total de la interrupción del embarazo, un avance que ha impulsado a múltiples estados a legislar sobre la materia.
Sin embargo, casi dos décadas después, la capital del país mantiene el aborto tipificado en su Código Penal y encabeza las estadísticas nacionales de investigaciones por este delito. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, entre 2015 y febrero de 2026, se han abierto mil 587 carpetas y averiguaciones previas por aborto en la CDMX, a pesar de que desde 2007 se reconoce el acceso libre al procedimiento durante las primeras doce semanas de gestación.
Organizaciones como GIRE señalan que la SCJN ha transformado el aborto de un asunto legal a un derecho humano, lo cual ha permitido que miles de mujeres y personas con capacidad de gestar tomen decisiones autónomas sobre su cuerpo. No obstante, el avance legal ha ido de la mano con las exigencias de colectivos feministas, que insisten en que la interrupción del embarazo debe dejar de ser considerada un delito y ser eliminada de la legislación penal local.
El máximo tribunal comenzó a revisar la legalidad del aborto en la capital en 2002, cuando resolvió que permitirlo en ciertos casos no violaba la Constitución. La sentencia de 2008 blindó el derecho a decidir en la Ciudad de México y sentó un precedente para otras entidades. Estos fallos, incluso, fueron retomados en otros países y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de los avances judiciales, la criminalización persiste. En el marco del 19 aniversario de la despenalización, un conjunto de organizaciones —entre ellas Fondo MARIA, Abortion Data, Antígona, Balance, Ddeser, Equidad de Género, GIRE, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Ipas LAC, Luchadoras, Médicos del Mundo, Michis Aborteros, REDefine CDMX y Vivas y Libres— realizaron una manifestación frente al Congreso local para exigir que el aborto sea retirado del Código Penal.
Las activistas señalaron que mantenerlo en el ámbito penal perpetúa el estigma y dificulta el acceso efectivo, incluso cuando la salud de la mujer está en riesgo o existen causales legales que lo amparan. Entre 2018 y 2021, la SCJN resolvió casos donde mujeres fueron privadas del acceso al aborto a pesar de contar con derechos reconocidos, y determinó que negar el servicio en esos contextos constituye una violación a los derechos humanos.
El impulso de la Marea Verde y las recientes sentencias de la Suprema Corte —como la que invalidó la criminalización del aborto en Coahuila— han consolidado la obligación del Estado mexicano de garantizar este servicio de salud. Además, la SCJN estableció que la objeción de conciencia debe tener límites y que ningún estado puede anteponer los derechos de un embrión a los de una persona nacida.
Sin embargo, organizaciones como GIRE advierten que el acceso pleno y libre de estigma sigue siendo una deuda pendiente. El aniversario número 19 de la despenalización en la CDMX se conmemora con la exigencia de eliminar el delito del Código Penal, consolidar el derecho a decidir y garantizar la autonomía reproductiva para todas las personas con capacidad de gestar.
Fuente: Infobae