La Comisión Europea ha formulado este miércoles una acusación formal contra Meta por violar la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. El motivo: no implementar medidas efectivas para evitar que menores de 13 años accedan a sus plataformas Instagram y Facebook. Si se confirman estas infracciones durante el proceso, la tecnológica podría enfrentar una multa millonaria.
La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, declaró en un comunicado:
“Las propias condiciones generales de Meta indican que sus servicios no están destinados a menores de 13 años. Sin embargo, nuestros hallazgos preliminares muestran que Instagram y Facebook hacen muy poco para impedir que los menores de esta edad accedan a sus servicios”.
La DSA exige que las plataformas hagan cumplir sus propias normas. Bruselas subraya que las condiciones generales del servicio “no son meras declaraciones escritas”, sino la base para acciones concretas que protejan a los usuarios, especialmente a los menores, y garanticen el cumplimiento de la legislación comunitaria.
Fuentes comunitarias destacan que el límite de 13 años fue establecido por la propia compañía estadounidense. Lo que se cuestiona ahora es el incumplimiento por parte de Meta de las medidas notificadas a Bruselas para cumplir con la DSA, en las que la compañía “reconoce el riesgo” para los menores de esa edad al acceder a sus redes sociales.
La investigación comunitaria “no ofrece una opinión sobre cuál debería ser el límite de edad”, recalcan las fuentes. Este asunto aún está bajo reflexión en el grupo de trabajo ad hoc creado por el Ejecutivo de Von der Leyen, que presentará recomendaciones sobre el acceso de menores a las redes sociales antes del verano. Posteriormente, los servicios comunitarios decidirán si presentar una propuesta legislativa concreta antes de que termine el año.
Con el anuncio de la acusación preliminar, que deriva de la investigación formal iniciada por Bruselas contra Instagram y Facebook en mayo de 2024, se abre un periodo para que Meta examine los documentos de la acusación y tenga margen para responder o tomar medidas correctivas inmediatas.
Si la Comisión confirma sus conclusiones preliminares, podrá emitir una “resolución de incumplimiento”, lo que permitiría imponer una multa de hasta el 6% de la facturación anual total mundial del proveedor.
Fuente: Infobae