El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial que negó la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros tres funcionarios del organismo electoral. La medida se da en el marco de la investigación por presunta colusión agravada relacionada con las irregularidades registradas durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el recurso tras constatar que la Fiscalía cumplió con los plazos legales para impugnar la Resolución N.° 01 del 23 de abril, que declaró infundado el pedido de detención. El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta ordenó la remisión del expediente a la Sala Penal correspondiente, instancia que deberá definir si los implicados enfrentan el proceso en libertad o bajo restricción de la misma.
Los implicados y los delitos que se les imputan
El recurso de apelación involucra a cuatro personas: Piero Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE; José Edilberto Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral; Juan Antonio Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral; y Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Servicios Generales Galaga S.A.C., empresa contratada para el transporte del material electoral.
La Fiscalía investiga los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales. La tesis del Ministerio Público sostiene que funcionarios de la ONPE habrían concertado con la empresa Galaga para direccionar la adjudicación del contrato de transporte de carga a nivel nacional, suscrito el 19 de marzo de 2026 por un valor de S/ 6.368.332,70.
Según el expediente fiscal, el comité evaluador aplicó un criterio técnico no contemplado en los términos de referencia —descontar dos metros correspondientes a la cabina del vehículo para calcular la carga útil—, lo que alteró los puntajes de las empresas postoras. Con ese ajuste, Galaga obtuvo 97,78 puntos, frente a los 77,54 puntos de Hermes Transportes Blindados S.A., que de haberse empleado otro criterio habría alcanzado 98,54 puntos, superando a la firma favorecida.
El hallazgo del pasaporte y el riesgo de fuga
De forma paralela al recurso de apelación, el fiscal provincial Raúl Martínez, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida del país por 18 meses contra Corvetto y otros seis investigados: Samamé Blas, Phang Sánchez, Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
El requerimiento fundamenta el riesgo de fuga en el descubrimiento de un pasaporte peruano durante el allanamiento al domicilio de Corvetto. A pesar de que el exfuncionario había entregado sus documentos de viaje peruano e italiano al Ministerio Público, las autoridades encontraron en el operativo su pasaporte peruano con fecha de vencimiento el 10 de agosto de 2026, aún vigente al momento de la intervención. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó públicamente que Corvetto entregó ambos pasaportes y que Migraciones está al tanto de la situación, luego de que se difundieran versiones sobre una posible huida.
La Fiscalía advierte que “la sola entrega o incautación de dichos documentos no elimina la posibilidad real y concreta de que el investigado abandone el territorio nacional”, según consta en el requerimiento. A este elemento se suma la gravedad de los delitos investigados y la capacidad económica que se le atribuye al imputado.
Las irregularidades del 12 de abril dejaron a 63.000 ciudadanos de Lima sin posibilidad de votar por la falta de instalación de mesas de sufragio. Esta situación provocó la extensión de la jornada electoral por un día adicional y desencadenó una crisis institucional en la ONPE que culminó con la renuncia de Corvetto el 21 de abril.
Fuente: Infobae