La Corte Suprema de Estados Unidos está evaluando la constitucionalidad de las llamadas geofence warrants, órdenes judiciales que autorizan a la policía a obtener datos de ubicación de miles de teléfonos móviles para identificar sospechosos, incluso cuando los usuarios no están directamente relacionados con una investigación.
En la práctica, estas órdenes permiten a las autoridades solicitar a empresas tecnológicas como Google los historiales de localización y marcas de tiempo de todos los dispositivos que estuvieron en un área específica durante un período determinado.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esta técnica se ha utilizado en casos que afectan a comunidades hispanas. Por ejemplo, en Phoenix (Arizona), el uso de órdenes masivas de vigilancia y detenciones ha impactado de manera desproporcionada a personas latinas y otros grupos minoritarios.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Electronic Frontier Foundation han documentado ampliamente este impacto. Ambas entidades señalan que la recopilación masiva de datos de ubicación expone a comunidades vulnerables —especialmente a los latinos— a investigaciones y detenciones arbitrarias.
Han recopilado casos en los que personas inocentes fueron detenidas tras asistir a manifestaciones o por encontrarse en la zona de un delito, sin tener ninguna relación con los hechos investigados.
A esto se suma un informe oficial de 2024 del Departamento de Justicia, que concluye que el Departamento de Policía de Phoenix mantiene “prácticas de discriminación sistemática” en operativos y detenciones, especialmente contra personas hispanas e indígenas, en violación de la Constitución estadounidense.
El debate sobre las geofence warrants se intensificó tras el caso de Okello Chatrie, acusado del robo a mano armada de una cooperativa de crédito en Virginia en 2019. Las autoridades lo ubicaron a 150 metros del banco durante el asalto gracias a datos proporcionados por Google bajo una geofence warrant. La defensa de Chatrie impugna la validez de esa evidencia, argumentando que viola la Cuarta Enmienda.
Las implicaciones del uso de estas herramientas de vigilancia se hicieron especialmente notorias en las operaciones migratorias recientes. Tras un fallo de la Corte Suprema que reactivó redadas en California según raza, idioma u ocupación, la jueza Sonia Sotomayor advirtió en su disidencia que la decisión “convierte a millones de latinos en objetivos de detenciones sin garantías”.
De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional, solo en Los Ángeles se registraron más de 5.000 arrestos tras la autorización judicial. Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que estas prácticas “normalizan el perfilamiento racial” contra los hispanos.
Según datos del Censo de Estados Unidos, la población latina o hispana en el condado de Los Ángeles supera los 4,8 millones de personas, lo que equivale al 48,6 % de sus habitantes. Líderes comunitarios y abogados de la ACLU advirtieron que el precedente de la Corte Suprema “abre la puerta a la discriminación abierta en nuestras comunidades” y marca la pauta para operativos similares en otras ciudades del país.
Durante la revisión del caso Chatrie, la defensa legal de la herramienta —respaldada por la administración Trump— sostiene que, al compartir información de localización con aplicaciones y empresas tecnológicas como Google, los usuarios renuncian a cualquier expectativa de privacidad sobre esos datos. La decisión de la Corte Suprema podría redefinir los límites del acceso estatal a la información personal en investigaciones penales y sentar un precedente para millones de usuarios, especialmente en comunidades latinas afectadas por prácticas de vigilancia y detención basadas en la tecnología.
Qué puede cambiar para los usuarios de telefonía móvil
Si la Corte Suprema declara inconstitucional el uso indiscriminado de geofence warrants, las autoridades deberán justificar de manera precisa la necesidad y el alcance de cada solicitud, limitando así la recopilación masiva de datos de personas ajenas a una investigación. Por el contrario, si el tribunal avala este procedimiento, la policía podrá seguir accediendo a datos de ubicación de cualquier usuario presente cerca de la escena de un presunto delito, incluso sin evidencia individualizada, lo que aumentaría el riesgo de investigaciones erróneas y afectaría la privacidad, especialmente entre comunidades vulnerables y latinas.
Cómo impactaron las órdenes de localización masiva en comunidades hispanas
En Phoenix (Arizona), el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó en 2024 que el Departamento de Policía local implementa prácticas discriminatorias y de vigilancia masiva que afectan de manera desproporcionada a personas hispanas e indígenas. Así lo indica el Phoenix Findings Report, informe oficial del Departamento de Justicia, que documenta cómo las técnicas de recolección de datos y detenciones selectivas violan derechos constitucionales y civiles.
En Los Ángeles, tras el fallo de la Corte Suprema que permitió reanudar redadas migratorias basadas en criterios de raza, idioma y ocupación, el Departamento de Seguridad Nacional reportó más de 5.000 arrestos en operativos dirigidos principalmente contra la comunidad latina. Según declaraciones de la jueza Sonia Sotomayor y de la ACLU, estas prácticas “institucionalizan el perfilamiento racial” contra los hispanos.
En el condado de Maricopa (Arizona), la demanda colectiva Melendres v. Arpaio documentó cómo los arrestos y redadas policiales bajo programas federales de colaboración migratoria estaban dirigidos sistemáticamente contra la población latina, en contravención de garantías constitucionales y civiles.
Fuente: Infobae