La acusación federal contra Cole Tomas Allen, quien fuera estudiante del Instituto Tecnológico de California (Caltech) y vecino de Torrance, por el intento de asesinato del presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, ha reavivado el debate sobre la venta y el control de armas en el sur de California.
Según información publicada por Los Angeles Times, Allen compareció el lunes ante un tribunal federal en Washington, D.C., donde se le imputan cargos federales por intento de homicidio, transporte interestatal de armas con fines delictivos y empleo de armas de fuego en un crimen violento.
La autoridad judicial ordenó su detención sin posibilidad de fianza luego de presentar evidencias que incluyen una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática calibre .38 y varios cuchillos, además de un manifiesto donde se mencionaban como blancos a altos funcionarios gubernamentales.
De acuerdo con el mismo medio, Allen compró de forma legal las armas empleadas en el ataque en dos establecimientos de la zona de South Bay: una escopeta en Turner’s Outdoorsman, ubicado en Torrance, y una pistola semiautomática en CAP Tactical Firearms, en la vecina Lawndale.
La fiscalía sostiene que Allen planeó el ataque y viajó armado desde California hasta la capital del país con la firme intención de atentar contra el mandatario. La acusación formal, presentada el lunes 27 de abril, da inicio a un proceso penal federal que podría concluir con una condena a cadena perpetua.
Torrance: alta concentración de armerías y vínculo con delitos
El trasfondo del caso evidencia una realidad que muchos desconocen: la elevada densidad de tiendas de armas en el sur de California y su relación con la circulación de armas usadas en ilícitos en el área metropolitana de Los Ángeles.
Los Angeles Times reportó que, hasta noviembre de 2023, Torrance contaba con 18 armerías, lo que equivale a un comercio por cada 8.150 habitantes en una población cercana a 147.000 personas. En comparación, la ciudad de Los Ángeles —cabecera del condado— registraba 38 armerías para más de 4 millones de habitantes, es decir, una tienda por cada 100.000 residentes.
Las estadísticas oficiales indican que Torrance es un punto clave en la venta y posterior uso de armas en crímenes. Entre 2017 y 2021, los comercios de armas de esa ciudad vendieron el tercer mayor volumen nacional de armas recuperadas en delitos en Los Ángeles, únicamente superado por Las Vegas y Phoenix, conforme a un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF) citado por Los Angeles Times. En ese lapso, más de 700 armas decomisadas en Los Ángeles habían sido adquiridas previamente en negocios de Torrance.
Según el Departamento de Justicia de California, la sucursal de Turner’s Outdoorsman en Torrance vendió 1.652 armas vinculadas a delitos entre 2010 y 2022. CAP Tactical Firearms, también señalada en la acusación contra Allen, comercializó en el mismo período 150 armas relacionadas con investigaciones judiciales.
Reacciones oficiales, normativas locales y perfil del implicado
El impacto del caso motivó declaraciones de autoridades locales. George K. Chen, alcalde de Torrance, manifestó en la red social X: “Torrance es una comunidad construida sobre el respeto, la diversidad, el trabajo duro y la seguridad pública. Nuestra comunidad se une al país para condenar el incidente violento que ocurrió en Washington, D.C.”, según recogió Los Angeles Times.
La regulación sobre el comercio de armas difiere según el municipio dentro del condado de Los Ángeles. Después del tiroteo en Uvalde en 2022, la ciudad de Burbank impuso una moratoria temporal para nuevas armerías y, en 2024, instauró zonas de amortiguamiento cerca de escuelas e iglesias.
En 2023, Torrance prohibió la apertura de nuevos comercios de armas en el centro histórico, aunque estos negocios aún operan en otras zonas comerciales de la localidad.
Dueños y empleados del sector expresaron sus opiniones frente a las restricciones. Jack Brandhorst, propietario de Red Rifle Ltd., afirmó tras la negativa del permiso para trasladar su tienda: “Estos concejales solo complacieron a los sectores más ruidosos. No existe ninguna ley o norma que limite las armerías en esa zona”, declaró a Los Angeles Times.
Por su lado, Turner’s Outdoorsman reiteró su política de no hacer comentarios a la prensa sobre investigaciones policiales, mientras que CAP Tactical Firearms no emitió declaración alguna.
El perfil de Cole Tomas Allen causó asombro en la comunidad local y entre quienes lo conocieron en el ámbito académico. Los Angeles Times recogió testimonios de vecinos que lo describen como reservado, inteligente y con notables habilidades en matemáticas y ciencias.
Asimismo, se documentó su labor como coordinador general de grupo en la Caltech Christian Fellowship, según una publicación de 2016 de esa organización.
El manifiesto atribuido a Allen, que forma parte de la pesquisa federal, contiene alusiones directas a la fe cristiana e incluye la frase: “Poner la otra mejilla cuando alguien más es oprimido no es una conducta cristiana; es complicidad con el crimen del opresor”, texto citado por Los Angeles Times.
En una entrevista posterior, Donald Trump dijo a Fox News que Allen “odia a los cristianos” y lo calificó como “enfermo”.
Actualmente, Allen permanece bajo custodia federal y la próxima audiencia está fijada para el jueves. La acusación formal y la investigación en curso mantienen la atención en la intersección entre la regulación de armas, la seguridad pública y la violencia política en Estados Unidos.
Fuente: Infobae