Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil declararon este lunes ante el Tribunal Supremo que el apartamento en la Plaza de España de Madrid donde residía Jessica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, era utilizado como una “casita de novios” entre ambos. Según la UCO, este inmueble constituía una “contraprestación” del empresario Víctor de Aldama para “tener comprada” la voluntad del entonces titular de Transportes.
La comparecencia de los agentes se dio en la décima sesión del juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Durante su testimonio, los agentes defendieron la solidez de la investigación frente a los cuestionamientos de las defensas.
Según detallaron, los primeros indicios documentales datan de marzo de 2019, cuando Koldo García envió a Jessica Rodríguez hasta quince imágenes de un apartamento. A partir de ahí, las gestiones para conseguir la vivienda se canalizaron a través de terceros, especialmente mediante Luis Alberto Escolano, a quien los investigadores señalan como pieza clave en la operativa.
De acuerdo con el testimonio de la UCO, Escolano fue el encargado de localizar un inmueble que se ajustara a las preferencias de Rodríguez para que se estableciera allí junto a Ábalos. Los agentes subrayaron que la propia interesada se refería al piso como su “casita de novios” con el exministro, lo que refuerza la naturaleza personal del uso del inmueble.
Los investigadores explicaron que los problemas o incidencias relacionados con la vivienda eran comunicados por Rodríguez a Ábalos, quien a su vez reenviaba las conversaciones a Koldo García para su resolución. Este flujo de comunicaciones, según la UCO, evidencia la implicación directa del entorno del exministro en la gestión del inmueble.
En cuanto al pago del alquiler, los agentes afirmaron que existen indicios de que fue asumido por Aldama a través de su socio Escolano, a quien calificaron como “testaferro”. Aunque reconocieron no haber podido acreditar “con fehaciencia” la devolución de ciertas cantidades adelantadas por Koldo García —concretamente dos mensualidades—, sostienen que el esquema general apunta a que el empresario financiaba el arrendamiento.
La tesis de la “contraprestación”
Los mandos de la UCO insistieron en que el pago del piso se enmarca en un sistema de contraprestaciones destinadas a garantizar el acceso al entonces ministro. “Está pagando el nivel de acceso al ministro”, señalaron, añadiendo que el valor de ese acceso “es el que ellos hayan estipulado”. En este sentido, consideran que el objetivo de Aldama era asegurarse una posición de influencia mediante beneficios económicos o en especie.
Durante la vista, los agentes recordaron también una conversación de 2019 en la que Koldo García trasladaba a Ábalos la necesidad de “darle algo” a Aldama, indicando que el empresario “se está portando bien” y aún no había recibido compensación. Este elemento se relaciona con otros supuestos pagos, como los 10.000 euros mensuales que, según la investigación, habrían percibido Ábalos y su entorno.
Los investigadores defendieron que el pago del alquiler durante aproximadamente dos años y medio constituye una de las presuntas mordidas que la Fiscalía atribuye a Aldama en favor del exministro. “Pagar paga. Y ella vive”, resumió uno de los agentes, aludiendo a la continuidad del arrendamiento.
Por su parte, la defensa de Ábalos trató de desacreditar esta interpretación planteando que el exministro desconocía la identidad de Escolano y su relación con Aldama. Los agentes reconocieron no poder confirmar ese extremo, aunque mantuvieron que la operativa global apunta a una estructura organizada en la que el empresario daba instrucciones directas a su socio.
Asimismo, descartaron que el inmueble se utilizara para fines empresariales, insistiendo en que no tienen constancia de que el piso sirviera para actividades societarias. A su juicio, el destino del apartamento era exclusivamente personal y vinculado a la relación entre Rodríguez y Ábalos.
En su exposición, la UCO reiteró que Jessica Rodríguez no habría abonado cantidad alguna por el uso de la vivienda durante el tiempo en que residió en ella, reforzando la tesis de que el alquiler era asumido íntegramente por Aldama a través de Escolano, quien actuaba siguiendo sus directrices.
Fuente: Infobae