Tras concluir la quinta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a un desembolso de USD 394 millones para Ecuador. Sin embargo, el informe técnico que sustenta esta decisión advierte que, pese a los avances en reformas fiscales, la inseguridad ciudadana se ha consolidado como un “riesgo” de alto impacto que amenaza con descarrilar el crecimiento y la inversión.
El staff del FMI destaca que la situación de seguridad en el país es crítica. En el informe publicado este 22 de abril se señala que “los homicidios aumentaron un 30% en 2025, manteniéndose en un nivel históricamente alto”.
El organismo multilateral subraya que la violencia no es uniforme, sino que está “altamente concentrada, con el 90% de los homicidios ocurriendo en las provincias costeras”, zonas que albergan a la mitad de la población nacional.
Este fenómeno no es visto solo como un problema de orden público, sino como un lastre macroeconómico. En su Matriz de Evaluación de Riesgos, el FMI señala explícitamente que una “alta inseguridad reduciría la actividad doméstica, el turismo y los ingresos fiscales, además de disuadir la inversión a largo plazo”.
La respuesta oficial
En la Carta de Intención enviada al FMI y firmada por la Ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, y el Presidente del Banco Central, Gustavo Camacho, las autoridades ecuatorianas reconocen que “una grave crisis de seguridad exacerbó los desafíos fiscales y económicos” del país.
El gobierno defiende su estrategia de “conflicto armado interno” y asegura que la seguridad es la máxima prioridad. Para financiar esta lucha, las autoridades explican en el Memorando de Políticas Económicas que tomaron medidas drásticas y fortalecieron la capacidad del gobierno para combatir el crimen.
Riesgos estructurales y el “dinero sucio”
Más allá de la violencia física, el FMI pone el foco en la infraestructura financiera del crimen. El acuerdo enfatiza que fortalecer la capacidad para combatir actividades ilícitas es “esencial para salvaguardar la integridad financiera”.
Aunque el FMI reconoce que Ecuador cumplió con la meta de aprobar un Plan de Acción Estratégico contra el Lavado de Activos, en enero de 2026, advierte que existen brechas de implementación significativas.
Pero el staff del FMI fue enfático en señalar que la efectividad del régimen de lavado de activos es limitada, priorizando el cumplimiento formal sobre la acción concertada contra las finanzas criminales.
En este escenario la recomendación del organismo es clara: se debe adoptar un enfoque de “seguir el dinero” para desarticular la rentabilidad de las redes delictivas.
El informe identifica otros riesgos domésticos que podrían interactuar con la crisis de seguridad:
- Descontento Social: El FMI advierte que un ajuste fiscal percibido como perjudicial para los grupos vulnerables podría disparar el malestar social.
- Fragmentación política: Existe el riesgo de que la “fragmentación política ralentice las reformas”, limitando la capacidad del gobierno para responder a choques externos o internos.
- Tensiones regionales: El documento menciona que las “discrepancias sobre asuntos de seguridad han llevado a tensiones comerciales con Colombia”, lo que resultó en aumentos de aranceles y riesgos para el suministro de energía en inicios de 2026.
Si bien el FMI celebra que Ecuador haya recuperado el acceso a los mercados internacionales de capital con una emisión de bonos de USD 4.000 millones, en enero de 2026, deja claro que la sostenibilidad de este optimismo depende de la capacidad del Estado para contener una espiral de violencia que ya afecta la recaudación y la confianza de los mercados.
Radio Pichincha