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Moody’s baja calificación de Ecopetrol por injerencia política en Colombia

La agencia calificadora Moody’s recortó la calificación crediticia global de Ecopetrol, la petrolera estatal más grande de Colombia, y ajustó su perspectiva de estable a negativa. La decisión se fundamenta en el aumento de la injerencia política del gobierno colombiano en la administración de la compañía, según un informe obtenido por El Tiempo.

La medida implica un descenso de la nota de Ba1 a Ba2 y un cambio en la calificación individual (BCA) a b1. Moody’s señaló que la interferencia gubernamental reduce la predictibilidad del respaldo financiero del accionista mayoritario y debilita la autonomía corporativa de Ecopetrol. La agencia advirtió que esta situación incrementa la vulnerabilidad financiera y de gobernanza, lo que podría afectar la operación, la liquidez y futuras adquisiciones del conglomerado energético.

Factores de riesgo político y control estatal

Moody’s Ratings subrayó que “la interferencia gubernamental es un elemento fundamental de la rebaja de la calificación y una menor previsibilidad y puntualidad de los mecanismos de apoyo”. El informe estimó que la “política gubernamental añade dos escalones al riesgo financiero de la empresa”, lo que provocó la degradación desde Ba1 a Ba2. De acuerdo con la agencia, la calificación crediticia de Ecopetrol sería dos escalones más alta de no existir el control estatal sobre la compañía.

El ajuste anunciado incluye también una modificación en la valoración individual de la empresa, lo que refleja alarma por el peso de factores políticos y la estabilidad del respaldo oficial estatal - crédito Jaime Saldarriaga / Reuters

Moody’s agregó que la relación actual con el gobierno ya no actúa como un elemento de respaldo, sino como un factor que incrementa la percepción de riesgo ante los inversionistas y encarece la financiación en los mercados internacionales.

Condiciones financieras y perspectivas

La calificadora identificó problemas de liquidez vinculados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). El gobierno debía liquidar cerca de 1,6 billones de pesos (unos USD 439 millones) a la empresa por el primer trimestre de 2025; sin embargo, únicamente entregó el 0,2% en efectivo y el resto mediante títulos de tesorería con vencimiento a ocho meses. Esta modalidad debilita la visibilidad sobre el flujo de caja de corto plazo y genera preocupación sobre la capacidad de Ecopetrol para afrontar atrasos si los precios domésticos de los combustibles no se ajustan a la paridad internacional. Moody’s advirtió que la situación puede agravarse si los valores globales del petróleo se mantienen altos y los precios internos no suben al mismo ritmo.

Las recientes determinaciones enfatizan el impacto de factores políticos y administrativos, especialmente en relación con cambios ejecutivos y nuevas adquisiciones financiadas con deuda a corto plazo - cerédito Luis Jaime Acosta / Reuters

El informe prevé que el flujo de caja libre negativo persista en 2026, lo que, sumado al gasto de capital, altos dividendos y posibles demoras en los cobros relacionados con el Fepc, podría desembocar en una liquidez más ajustada durante 2026 y 2027. Además, Moody’s señaló el riesgo de nuevas adquisiciones financiadas con deuda de corto plazo, como la compra de Brava Energía en Brasil, que sobrepasó los 1.000 millones de dólares.

Rotación ejecutiva y riesgos de gobierno corporativo

El reporte de Moody’s destaca la elevada rotación ejecutiva en Ecopetrol en los últimos doce a dieciocho meses. Los cambios recientes en la alta gerencia y la dirección refuerzan, según la calificadora, la percepción de exposición al riesgo de gobierno corporativo vinculado a la influencia estatal. Moody’s advirtió que la proximidad temporal de estas sustituciones amplifica la evaluación de riesgo por intervención política. El caso del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, es relevante: sobre él pesan nuevas imputaciones penales por presuntas violaciones de topes electorales en la campaña presidencial 2022-2026 y acusaciones de tráfico de influencias y otras operaciones privadas.

La evaluación reciente de la entidad internacional se basa en el incremento de la intervención gubernamental en la petrolera estatal y en la reducción de la autonomía operativa que exhibe la compañía energética colombiana - crédito Philippe Wojazer / Reuters

Aunque la calificadora no anticipa interrupciones inmediatas en las operaciones de la empresa, sostiene que estas condiciones contribuyen a mantener la perspectiva negativa sobre la estabilidad y el gobierno corporativo de la petrolera. Con la decisión de Moody’s, el vínculo entre Ecopetrol y el Estado se ha transformado de respaldo a fuente de vulnerabilidad, redefiniendo la relación entre la gestión pública y la estabilidad financiera de la principal compañía energética de Colombia.

Fuente: Infobae

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