Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señaló que, ante el incremento del precio del diésel y el fin de la compensación estatal previsto para abril de 2026, el sector analiza varias alternativas, entre ellas reducir la operación en un 20 % o incrementar la tarifa del pasaje.
La decisión de retirar el subsidio al diésel es una de las medidas que adoptó el Gobierno de Daniel Noboa, por pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así, desde septiembre de 2025, el precio de este hidrocarburo se actualiza mes a mes de acuerdo a los precios internacionales del petróleo y su variación depende de una banda de precios, es decir, el costo puede aumentar hasta un 5% mensual y puede disminuir hasta un 10%.
Brunis indicó que actualmente operan 3.060 unidades en la provincia, por lo que una eventual reducción implicaría que solo funcione el 80% de la flota. Esto también supondría disminuir la frecuencia de los recorridos: de seis vueltas por ruta, pasarían a realizarse cuatro.
Cabe resaltar que la decisión de retirar el subsidio por parte de Daniel Noboa implica un efecto para los Municipios del país, que tienen la competencia de transporte.
En busca de soluciones
En ese contexto, el dirigente Carlos Brunis informó que han mantenido reuniones con el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien habría mostrado apertura al diálogo y se comprometió a revisar las propuestas del sector.
“Existe una tarifa socialmente justa y otra técnica; hemos planteado buscar un punto medio”, señaló en entrevista con Primera Plana.
Brunis explicó que, cuando el diésel se ubicaba en USD 2,80 por galón, se estableció una tarifa de USD 0,62. Sin embargo, con el combustible por encima de los USD 3, ese valor podría incrementarse. Por ello, el sector plantea que el Municipio subsidie a los transportistas, al igual que ocurre con las líneas municipales.
“El alcalde ha manifestado que en la segunda quincena de mayo nos reuniremos para que presenten un planteamiento”, indicó Brunis, quien además expresó que esperan la participación de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo.
El dirigente agregó que otra alternativa es que el Gobierno extienda la compensación por cuatro meses adicionales, hasta agosto de 2026, como se planteó inicialmente, aunque también han solicitado que el beneficio se mantenga hasta diciembre.