La profunda crisis postelectoral que atraviesa el Perú tras los comicios generales de 2026 ha sumado un nuevo y preocupante capítulo que debilita la confianza en las instituciones. El Ministerio Público ha confirmado el inicio de una investigación preliminar de 60 días luego del descubrimiento de cuatro cajas con material oficial perteneciente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las cuales se encontraban en el local de una compañía de transportes en el distrito de Alexander Von Humboldt, región de Ucayali.
Este suceso cobra una relevancia crítica debido a su similitud con un incidente reportado recientemente en el distrito limeño de Surquillo. En aquella ocasión, se hallaron cuatro contenedores lacrados de la ONPE en un depósito de basura, los cuales albergaban cédulas de votación y documentos de las mesas electorales de Santiago de Surco. Ambos hechos han puesto bajo la lupa la cadena de custodia y los protocolos de manejo de los materiales sobrantes del proceso de sufragio.
Evidencias encontradas en Ucayali
La intervención oficial en la zona estuvo liderada por el fiscal adjunto provincial, Percy Panduro Rengifo. Durante la inspección, las autoridades constataron que los paquetes contenían cédulas de sufragio, actas electorales y padrones vinculados específicamente al distrito de Curimaná. El hallazgo de este material sensible fuera de los recintos de resguardo legal y dentro de una propiedad privada es considerado una grave irregularidad administrativa y legal.
Al respecto, el periodista Roberto Alván ofreció detalles alarmantes sobre el estado de la documentación encontrada:
“El hallazgo de 79 cédulas firmadas pero sin marcar dentro de una oficina de la empresa ETFEBASAC no solo constituye una irregularidad; es prueba de que la cadena de custodia se rompió por completo. Lo que debía seguir un circuito oficial de resguardo y destrucción terminó olvidado o desviado hacia un establecimiento de transporte privado en la carretera Federico Basadre”.
Investigación fiscal por delitos electorales
Frente a estos hechos, la Fiscalía Provincial Mixta de Irazola ha formalizado diligencias por la presunta comisión de los delitos de atentado contra el derecho de sufragio y omisión de actos funcionales. El organismo ha otorgado un plazo de 40 días a la comisaría de la localidad para que realice las acciones urgentes, recolecte testimonios y recopile la evidencia necesaria para determinar a los responsables directos.
De igual manera, el Ministerio Público ha remitido un requerimiento a la ODPE Coronel Portillo. La entidad deberá explicar detalladamente cuál fue el protocolo aplicado para la movilización de los denominados “restos electorales”, identificar a los encargados de la vigilancia del material y señalar cuál debía ser el destino final de dichos documentos. La indagación busca esclarecer si se trató de una negligencia en la operatividad o de un acto deliberado de mayor gravedad.
Un panorama de incertidumbre electoral
Este nuevo escándalo golpea a la ONPE en un contexto de alta fragilidad institucional. El proceso electoral del pasado 12 de abril estuvo empañado por demoras significativas en la entrega de materiales, dificultades para la instalación de mesas de votación y quejas masivas de votantes, particularmente en Lima Metropolitana.
A estas deficiencias se le sumó la excesiva lentitud en el procesamiento del conteo oficial, lo que generó días de incertidumbre política. La pugna por definir quién pasará a la segunda vuelta junto a la candidata Keiko Fujimori —una disputa cerrada entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga— ha exacerbado las tensiones sociales y los cuestionamientos al sistema electoral.
Bajo esta presión constante, Piero Corvetto presentó su dimisión a la jefatura de la ONPE. En su lugar, Bernardo Pachas asumió el cargo de forma interina, prometiendo una reestructuración interna y la implementación de medidas correctivas para garantizar la transparencia en la segunda vuelta electoral programada para el mes de junio.
La crisis de legitimidad y confianza
Si bien el hallazgo de estas actas y cédulas no representa necesariamente una alteración directa de los resultados, la repetición de fallas en la custodia de documentos electorales profundiza la brecha de desconfianza en la ciudadanía. Analistas advierten que en un ambiente tan polarizado, la transparencia debe garantizarse no solo en el conteo de los votos, sino en la trazabilidad absoluta de cada pieza del material electoral.
Actualmente, las cajas recuperadas en la región de Ucayali se mantienen bajo estricto resguardo fiscal mientras se completan las investigaciones pertinentes.
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