La exconsejera de la Presidencia, Sandra Ortiz Nova, se presentó este miércoles 22 de abril de 2026 ante el Consejo de Estado en la ciudad de Bogotá. Su comparecencia se dio en el marco del proceso judicial que busca la pérdida de investidura del senador y antiguo presidente del Congreso, Iván Name, quien se encuentra vinculado al esquema de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (Ungrd).
Esta diligencia judicial es considerada de suma importancia debido a la magnitud de los señalamientos y el impacto directo que tiene sobre la estabilidad y credibilidad del panorama político en Colombia.
Durante la audiencia, Ortiz Nova fue interrogada para esclarecer los hechos investigados relacionados con supuestas entregas de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado. El objetivo de este movimiento financiero habría sido condicionar la agenda legislativa para favorecer los intereses del Ejecutivo.
La justicia analiza las irregularidades detectadas en la UNGRD durante el mes de octubre de 2023. En ese periodo, diversos funcionarios de alto nivel habrían coordinado una estrategia para garantizar la aprobación rápida de proyectos prioritarios para el Gobierno. Actualmente, el Consejo de Estado evalúa si Iván Name incurrió en el delito de tráfico de influencias y cuáles serán las sanciones legales correspondientes.
Detalles del esquema y transferencia de fondos
Según los registros que forman parte del expediente judicial, a mediados de octubre de 2023 se habría diseñado un plan estructurado para entregar la suma de 3.000 millones de pesos en billetes a Iván Name.
Las investigaciones señalan que la instrucción original provino de Carlos Ramón González Merchán, quien para esa fecha se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia.
Se presume que González Merchán coordinó acciones con el director de la UNGRD, Olmedo López, y el subdirector de la misma entidad, Sneyder Pinilla, con el fin de gestionar y materializar el pago de los millonarios recursos.
La finalidad de esta operación era que Name, en su calidad de líder de la corporación legislativa, utilizara sus facultades para acelerar la tramitación de proyectos en los que el Gobierno tenía especial interés.
El proceso judicial sugiere que el senador habría facilitado el rol de Sandra Ortiz Nova como el puente necesario para recibir el dinero de manos de López y Pinilla. Todo este engranaje habría operado con el propósito de manipular el ritmo y los resultados de los debates en el Congreso de la República.
El proceso judicial y la solicitud de «muerte política»
La demanda busca que se aplique la denominada “muerte política” al legislador, bajo el argumento de que este habría asignado un valor económico a sus responsabilidades constitucionales. El documento sostiene que Name ejerció presión sobre Ortiz Nova para recibir el monto de $3.000.000.000, configurando así un supuesto tráfico de influencias.
Los pormenores de la acusación subrayan que el senador habría utilizado su posición para canalizar estos fondos a cambio de asegurar su apoyo a leyes fundamentales para el Ejecutivo. El juicio en el Consejo de Estado cuenta con una serie de testimonios y pruebas recabadas durante la fase previa de instrucción.
Adicionalmente, las autoridades examinan la participación de otros altos mandos del Gobierno, así como el uso de mecanismos institucionales para facilitar el pago, lo que podría derivar en cargos por uso indebido de funciones públicas y otros delitos relacionados.
Situación jurídica de Iván Name y consecuencias políticas
Al momento de los hechos investigados, Iván Name poseía el poder exclusivo de citar a sesiones y establecer el orden de las votaciones de gran relevancia para el país.
En la actualidad, el senador se encuentra recluido en el centro penitenciario La Picota, ubicado en Bogotá. Esto se debe a una orden de detención preventiva dictada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, vigente desde mayo de 2025.
Este escándalo ha reabierto el debate nacional sobre la integridad en el Congreso y plantea serias dudas sobre el futuro político del partido Alianza Verde. Las pesquisas continúan activas mientras los organismos de control determinan el perjuicio total causado a la Ungrd y al sistema democrático nacional.
El testimonio de Sandra Ortiz Nova y el avance del juicio contra Iván Name mantienen en vilo a la opinión pública, reafirmando la vigilancia ciudadana sobre el sistema de justicia y los actores políticos. El legislador enfrenta un panorama complejo por conductas que presuntamente vulneraron la ética pública mientras ocupaba uno de los cargos más altos del Estado.
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