Tras el revuelo causado por la excarcelación del empresario Carlos Mattos, protagonista de uno de los entramados de corrupción más graves en la justicia de Colombia, el foco público se ha desplazado hacia la funcionaria que autorizó su salida: la jueza Carmen Luisa Terán Suárez.
La orden de libertad se hizo efectiva este 21 de abril, cuando la titular del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla dio luz verde al egreso de Mattos, quien cumplía sentencia por el pago de sobornos a operarios judiciales en el sonado caso Hyundai.
Este beneficio no representa el primer contacto favorable entre la magistrada y el empresario. Durante el año 2023, Terán Suárez ya había permitido que Mattos se trasladara a su lujosa residencia en el norte de Barranquilla para purgar su condena bajo detención domiciliaria, argumentando complicaciones en su estado de salud. Dicha resolución estableció un nexo funcional, pues ella era la encargada de vigilar el cumplimiento de la pena del magnate.
La reciente liberación de Mattos es apenas el último capítulo de una serie de fallos polémicos emitidos por Terán Suárez. En la actualidad, la jueza es objeto de dos investigaciones disciplinarias por actuaciones similares en procesos de alto impacto; uno de estos expedientes ya se encuentra en fase de juicio, mientras que el otro permanece en etapa preliminar. Pese a estas indagaciones, la funcionaria mantiene sus competencias plenas.
Beneficios a figuras criminales: los casos de “Gatico” y “La Gata”
En diciembre de 2025, la jueza suscribió la libertad condicional de Jorge Luis Alfonso López, conocido bajo el alias de “Gatico”. Este individuo cumplía una condena de 29 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, vinculados al asesinato del comunicador Rafael Enrique Prins Velásquez.
Para justificar esta medida, Terán Suárez se fundamentó en el tiempo de reclusión cumplido y las redenciones obtenidas mediante el estudio y el trabajo. No obstante, el auto judicial reveló una inconsistencia: la jueza admitió que aún no se había localizado a los herederos de la víctima, ordenando su búsqueda al mismo tiempo que permitía que el condenado abandonara la prisión.
Ante esta situación, en enero de 2026, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico determinó la apertura de un proceso disciplinario para evaluar su conducta, enviando el caso a reparto de primera instancia.
Otro antecedente crítico ocurrió en marzo de 2023, cuando la jueza decidió suspender la pena de Enilce López, alias “La Gata”, sentenciada por concierto para delinquir agravado y vínculos con paramilitarismo. Bajo el pretexto de enfermedades terminales, la magistrada no solo suspendió la ejecución de la sentencia, sino que retiró la vigilancia policial en la casa de López, a pesar de que esta última enfrentaba otro proceso por homicidio. La convicta falleció meses después, pero el fallo originó un juicio disciplinario que sigue activo.
Dentro del marco legal colombiano, no existe un protocolo que retire automáticamente a los jueces de sus cargos mientras son investigados, a menos que se dicte una medida cautelar específica por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En lo que respecta a Terán Suárez, no existen registros de tales medidas, permitiéndole seguir resolviendo expedientes de gran sensibilidad social.
Esta situación resalta una debilidad en el sistema: la jueza continúa decidiendo sobre la libertad de criminales célebres mientras es cuestionada por su imparcialidad. Estadísticas revelan que, entre enero de 2021 y diciembre de 2024, de las 5.859 sanciones emitidas por el órgano disciplinario nacional, solo el 3,5 % afectaron a jueces, y apenas 111 terminaron en suspensión.
La condena por el caso Hyundai
Carlos Mattos recibió una sentencia original de nueve años, cinco meses y diez días de cárcel. El motivo fue el soborno sistemático a funcionarios para alterar el sistema de reparto judicial y obtener ventajas en un litigio comercial por la exclusividad de la marca Hyundai en territorio colombiano.
Su libertad condicional fue otorgada tras acreditar el cumplimiento de las tres quintas partes de su condena. Además del tiempo en prisión, se validaron reducciones por trabajo, estudios y la autoría de un libro, junto con su desistimiento a interponer recursos de casación.
La decisión ha generado una profunda indignación, pues Mattos —condenado por corromper a la justicia— obtiene la libertad de manos de una jueza bajo sospecha disciplinaria. Ante esto, el mandatario Gustavo Petro calificó el acto como
“corrupción del poder judicial”
y utilizó sus redes sociales para proponer una asamblea nacional constituyente que permita erradicar estas estructuras de corrupción en el país.
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