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Quito impulsa agenda para enfrentar el racismo y la exclusión de pueblos afrodescendientes y montubios

El Distrito Metropolitano de Quito tiene una nueva hoja de ruta para enfrentar una deuda histórica: la desigualdad estructural que afecta a los pueblos afrodescendientes y montubios. Se trata de la Agenda de Protección de Derechos 2026–2030, un instrumento de política pública que, por primera vez, articula diagnóstico, participación ciudadana e indicadores concretos para exigir resultados a las instituciones.

El documento será presentado oficialmente el martes 22 de abril de 2026, a las 17h00, en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito.

Su énfasis no es menor: la agenda anterior, evaluada en 2022, alcanzó apenas un 66% de cumplimiento.

El documento no nace únicamente desde lo técnico. Según Urgilés, su construcción fue participativa, con la intervención de cerca de 40 instituciones y, sobre todo, de los propios sujetos de derecho.

En ese proceso participaron los consejos consultivos de pueblos afrodescendientes y montubios, con representación de las diez administraciones zonales de Quito. Esto permitió recoger realidades diversas, más allá de los diagnósticos centralizados.

Radiografía de la desigualdad

Los datos del Censo 2022 marcan el punto de partida:

  • 77.522 personas afroecuatorianas viven en Quito (2,9% de la población).
  • 19.771 personas montubias residen en el distrito (0,7%).

A esto se suman brechas persistentes:

  • 34,4% de la población afroecuatoriana tiene empleo no adecuado.
  • El nivel educativo predominante es la educación básica (38,6%).
  • Solo el 13,2% accede a educación superior.

Estos indicadores reflejan desigualdades estructurales en acceso a trabajo digno, educación y oportunidades, que la nueva agenda busca revertir.

Ocho ejes para cambiar la realidad

La agenda se estructura en ocho ejes clave:

  • Salud integral
  • Educación
  • Economía y trabajo
  • Tierra y vivienda
  • Comunicación e información
  • Cultura cimarrona
  • Organización y participación
  • No discriminación, racismo y reparación

En el ámbito económico, por ejemplo, se plantean acciones concretas como:

  • Programas de formación productiva
  • Ferias de gastronomía, arte y medicina ancestral
  • Capital semilla e incubadoras de negocios
  • Incentivos para la contratación en lo público y privado

Reconocer el racismo institucional

Uno de los avances más relevantes es el reconocimiento explícito del racismo estructural e institucional.

Para enfrentarlo, la agenda propone:

  • Crear una base de datos de víctimas de racismo y perfilamiento étnico
  • Establecer protocolos de atención con enfoque intercultural, de género y diversidades
  • Impulsar mecanismos de reparación integral
  • Alinear políticas locales con estándares internacionales

Este enfoque plantea no solo prevenir la discriminación, sino de reconocerla, documentarla y repararla.

Instituciones obligadas

La agenda no es declarativa. Incluye indicadores y compromisos para instituciones como:

  • Secretaría de Salud e Inclusión Social del Municipio
  • Ministerio de Salud Pública
  • Ministerio de Educación
  • Ministerio de Trabajo
  • INEC
  • Defensoría del Pueblo

Estas entidades participaron en su construcción, lo que —según el Consejo— las compromete a su implementación.

Sin embargo, Urgilés insiste en que el cumplimiento no depende solo del Estado:

“Es necesario que la ciudadanía conozca sus derechos para poder exigirlos”

Ferias de sensibilización

El Consejo apuesta por llevar la agenda a la vida cotidiana mediante acciones en territorio: ferias, capacitaciones y campañas de sensibilización.

En ese marco, el próximo 26 de abril, se realizará una Feria de Promoción de Derechos en el Arco de la Circasiana, en el parque El Ejido, desde las 08h30.

El evento incluirá servicios institucionales, orientación jurídica, emprendimientos y actividades culturales, con énfasis en personas en situación de movilidad humana.

El lanzamiento de la agenda coincide con el inicio del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025–2034), declarado política nacional en Ecuador.

La extensión del decenio por parte de la ONU responde precisamente a los escasos avances globales en la reducción del racismo y la desigualdad.

En ese contexto, Quito enfrenta un reto claro: pasar del diagnóstico a la transformación real.

Radio Pichincha

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