En una decisión que marca un punto de inflexión en la política de seguridad nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, instruyó al comisionado de paz, Otty Patiño, para suspender y reevaluar los acercamientos con la facción de las disidencias de las Farc encabezadas por alias ‘Calarcá’. Esta medida surge tras las crecientes denuncias por violaciones a los compromisos en la mesa de negociación y la persistencia de ofensivas violentas contra las Fuerzas Militares.
Durante el Consejo de Ministros celebrado el martes 21 de abril, el jefe de Estado fue enfático al señalar que el avance de los diálogos es insostenible bajo las condiciones actuales de hostilidad.
“Le he pedido a Otty Patiño que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó fue a matar soldados, pues no hay paz. ¿Qué más vamos a hacer?”
sentenció el mandatario, subrayando que cualquier proceso de paz debe cimentarse en la veracidad y la transparencia.
Incumplimientos graves y escalada de acciones armadas
Informes proporcionados por la Fuerza Pública revelan que el grupo liderado por ‘Calarcá’ no ha cesado sus actividades bélicas ni su expansión en el territorio nacional. A pesar de que la mesa de diálogo se instauró formalmente en octubre de 2023, los hechos violentos han sido recurrentes. Entre los eventos más críticos se encuentra la masacre de 26 disidentes en Guaviare registrada en enero, un ataque dirigido principalmente contra la estructura rival de alias ‘Mordisco’.
Asimismo, se les responsabiliza por la agresión contra un helicóptero Black Hawk en la zona de Amalfi, Antioquia, ocurrida en agosto de 2025. Estos actos, sumados a diversos ataques directos contra pelotones que han resultado en la muerte de uniformados, contradicen la voluntad de paz expresada en las conversaciones. El presidente Petro fue tajante al respecto:
“A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”
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Además de la violencia directa, el Ejecutivo denunció el incumplimiento en la erradicación de cultivos de uso ilícito en el suroccidente del país, un pilar fundamental de las negociaciones. El mandatario calificó la conducta del grupo como criminal, afirmando que:
“Si el señor Calarcá se dedicó fue a matar con crímenes de guerra a sus rivales pues no hay paz”
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Inestabilidad en el orden público y fracturas internas
La situación de orden público se ha tornado crítica en regiones como Nariño. Específicamente en el área rural de Ipiales, se reportó el asesinato de tres soldados en combates donde se utilizaron drones cargados con explosivos, una modalidad atribuida a estructuras ilegales de la zona. Petro también puso de relieve la fragmentación interna de las disidencias, explicando que la facción de ‘Calarcá’ se separó de alias ‘Mordisco’ para constituir el denominado Estado Mayor de Bloques y Frente, un factor que ha entorpecido la coherencia de los diálogos.
Crisis ambiental y economías ilegales bajo la lupa
En el marco del consejo ministerial, el mandatario vinculó el conflicto armado con la destrucción del ecosistema y el lavado de activos. Criticó duramente la financiación de actividades como la ganadería ilegal y la siembra de palma africana en la región amazónica. “Cuando la banca pública y la banca privada entregan créditos a la palma africana ilegal y a la ganadería ilegal en la selva amazónica, pues están promoviendo un lavado de activos”, denunció.
Incluso, el presidente dirigió sus críticas hacia Fedegán, señalando irregularidades en la vacunación del ICA en áreas selváticas protegidas, lo cual, según sus palabras, fomenta la deforestación. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, para que actúen con mayor rigor frente al lavado de activos:
“El Gobierno de Estados Unidos debe guiarse por la ciencia… La ciencia indica que no se puede promover la destrucción de la selva amazónica para nada”
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Acción judicial y despliegue territorial
La postura del Ejecutivo se alinea con la solicitud de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, quien ha pedido reactivar la orden de captura contra alias ‘Calarcá’. La Fiscalía argumenta que el cabecilla ha continuado su actividad delictiva a pesar de estar amparado por el proceso de paz. No obstante, a finales de marzo, delegados gubernamentales y del grupo armado se habrían reunido en los Llanos del Yarí (entre Meta y Caquetá) para monitorear los acuerdos pactados.
La organización de ‘Calarcá’ mantiene una fuerte influencia en departamentos estratégicos como Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta. En estos territorios, el grupo es señalado por cometer delitos de extorsión, secuestro y homicidios que afectan directamente a la población civil. Se estima que durante los 733 días en los que este grupo estuvo bajo un cese al fuego bilateral, su capacidad militar aumentó considerablemente. Según datos citados por figuras políticas como Paloma Valencia, el pie de fuerza de esta estructura podría haber alcanzado los 3.000 hombres.
Comparativa con otros procesos de paz
El estancamiento con la facción de ‘Calarcá’ se suma a la complejidad de otros diálogos en curso. Por ejemplo, la negociación con el ELN, que mantuvo un cese al fuego por 538 días, se encuentra actualmente suspendida tras una serie de actos violentos en la región del Catatumbo. Otras organizaciones, como el Clan del Golfo y las disidencias de la Segunda Marquetalia, también han participado en mecanismos de acercamiento, aunque con resultados variados y periodos de tregua mucho más breves.
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