En un nuevo episodio de la campaña estatal contra los contenidos que el Kremlin considera contrarios a los denominados “valores tradicionales”, las fuerzas de seguridad de Rusia ejecutaron este martes un allanamiento en las instalaciones de Eksmo, la principal empresa editorial del país. Durante el operativo, se procedió con la detención del director general de la compañía en el marco de una investigación penal por el presunto tráfico de lo que las autoridades califican como “literatura LGTBI”.
La información fue ratificada por un representante de la policía a la agencia de noticias Interfax, quien señaló que el alto ejecutivo
“Actualmente se encuentra detenido para ser interrogado”
. Según el reporte oficial, el arresto está vinculado directamente con la comercialización de textos que abordan la homosexualidad. Por su parte, la agencia estatal TASS, citando testimonios de fuentes de seguridad, confirmó que la incursión policial se ejecutó
“como parte de un caso penal sobre la distribución de literatura LGTBI”
. Otros canales de comunicación alineados con el gobierno ruso también validaron la realización de esta diligencia judicial.
Adicionalmente, el medio REN TV sostuvo que la cúpula directiva de la editorial Eksmo habría estructurado una estrategia para
“distribuir literatura LGTBI entre menores”
, un agravante dentro del actual marco legal del país euroasiático.
La empresa Eksmo fue establecida en 1991 y se ha consolidado como el referente indiscutible del mercado literario en Rusia, liderando los segmentos de literatura tanto para el público infantil como para adultos bajo el paraguas del grupo Eksmo-AST. La aprehensión de su director general constituye la medida más drástica tomada por el Estado contra una corporación de este calibre en el sector de las publicaciones.
Creciente hostilidad contra el sector editorial
Esta intervención policial no representa un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia punitiva. En mayo del año pasado, el gobierno ruso inició una serie de acciones legales contra diversas editoras acusadas de difundir propaganda prohibida. En aquel entonces, trabajadores de la editorial Popcorn Books fueron arrestados y sometidos a arresto domiciliario. Dicha presión derivó en que, en enero de este año, Popcorn Books comunicara su clausura definitiva.
Uno de los títulos más controversiales para el Kremlin durante esas redadas fue la obra Un verano en el campamento, escrita por Katerina Silvánova y Elena Malísova. La trama, que se centra en una relación afectiva entre un joven ruso y otro de nacionalidad ucraniana, fue paradójicamente uno de los textos con mayores ventas en el territorio ruso durante el año 2022.
Cabe destacar que, durante el año pasado, ya se había registrado la detención de más de diez trabajadores pertenecientes a Eksmo bajo investigaciones similares, luego de que se alegara la detección de contenidos prohibidos en ejemplares publicados por una de las filiales de la organización.
El asedio a la industria editorial también abarca restricciones políticas. Oleg Novikov, quien preside el grupo Eksmo-AST, alertó el pasado 14 de abril que aproximadamente el 50% de los acervos bibliotecarios en Rusia podrían ser incautados. Esto ocurriría si se aplica con rigor la normativa vigente sobre “agentes extranjeros” y entidades denominadas como “indeseables”.
De acuerdo con las declaraciones de Novikov, las complicaciones legales no se limitan a los autores señalados políticamente, sino que afectan a libros donde hayan intervenido terceras personas en procesos de maquetación o notas al pie, o incluso obras financiadas en las décadas de 1990 y 2000 por fundaciones que hoy son consideradas ilegales por el Estado, impactando incluso en la disponibilidad de literatura clásica rusa.
Marco jurídico y represión sistemática
Estas acciones contra las casas editoriales se ejecutan bajo una política de endurecimiento de derechos civiles que se ha intensificado desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania en 2022. Un hito clave ocurrió en noviembre de 2023, cuando el Tribunal Supremo de Rusia calificó al movimiento LGTBI internacional como una “organización extremista”. Esta designación faculta a la justicia para procesar cualquier tipo de activismo o expresión de identidad bajo leyes de antiterrorismo.
Recientemente, las autoridades han extendido estos operativos a espacios de recreación como bares y clubes nocturnos frecuentados por la comunidad LGTBI, deteniendo a sus administradores. Asimismo, el sistema judicial ruso continúa imponiendo multas y sentencias de cárcel a ciudadanos que porten elementos simbólicos, tales como la bandera del arcoíris, prendas de vestir o accesorios relacionados.
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