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¿Quiénes controlan el proceso para elegir al Fiscal General del Estado?

En medio de cuestionamientos por falta de transparencia, el concurso para designar al Fiscal General del Estado en Ecuador enfrenta graves señalamientos. Un informe técnico de la Veeduría Ciudadana, entregado el 28 de enero de 2026, expone fallas estructurales, presuntas violaciones al debido proceso y una gestión cuestionada en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección.

El documento, de 167 páginas, concluye que el proceso presenta vicios que podrían comprometer su validez jurídica y legitimidad democrática. Según la Veeduría, se ha configurado un escenario de “opacidad deliberada”, en contradicción con el mandato constitucional de transparencia.

Hallazgos que comprometen la legalidad

El informe identifica múltiples vulneraciones a principios como la seguridad jurídica y la predeterminación normativa. Entre los principales hallazgos constan:

  • Aplicación tardía de normas del reglamento en fases críticas.
  • Recepción de documentación fuera de los plazos establecidos.
  • Ampliación de plazos sin sustento reglamentario.
  • Irregularidades en la gestión de expedientes.
  • Falta de imparcialidad en decisiones técnicas.

Estas prácticas, advierte la Veeduría, debilitan la legalidad del proceso y abren la puerta a posibles impugnaciones.

Gráfico de los hallazgos de la veeduría ciudadana.

Obstáculos al control ciudadano

Uno de los puntos más críticos es la presunta exclusión del control social. El informe denuncia:

  • Falta de notificación a veedores en sesiones clave.
  • Restricciones de acceso a expedientes.
  • Eliminación de registros audiovisuales de sesiones públicas.
  • Falta de respuesta a más de 20 solicitudes de información.

Para la Veeduría, estos hechos evidencian una posible estrategia para limitar la fiscalización ciudadana.

Deficiencias técnicas y administrativas

El proceso también presenta fallas en la gestión documental y en el rigor técnico:

  • Expedientes incompletos o sin foliación adecuada.
  • Sustitución de documentos originales por copias.
  • Errores en la digitación de puntajes.
  • Reducción del tiempo de evaluación de méritos de 10 a 2 días.

Estas irregularidades afectarían la confiabilidad de los resultados.

Gráfico de los hallazgos de la veeduría ciudadana

Alertas sobre manipulación y crisis interna

El informe identifica señales de alerta que ponen en duda la legitimidad del concurso:

  1. Exclusión del control social.
  2. Posible manipulación en la admisión de postulantes.
  3. Falta de consenso dentro del equipo técnico.

Además, advierte riesgos como la posible nulidad del proceso y un impacto en la credibilidad de la Fiscalía General del Estado.

Renuncias y denuncias agravan la crisis

En entrevista con Radio Pichincha, Hugo Arteaga excoordinador de la veeduría, señaló que la falta de transparencia es uno de los motivos por los que dejó la coordinación y otros 9 veedores renunciaron.

Explicó que, en algunas ocasiones, no eran convocados a ciertas actividades, lo que generaba protestas. Mientras tanto, el grupo afín a Andrés Fantoni (presidente del Consejo de Participación) asistiría a todas las reuniones y elabora informes.

Fuentes vinculadas a la veeduría, que pidieron reserva, sostienen que el proceso estaría presuntamente direccionado. Según sus testimonios, el delegado del Ejecutivo en la Comisión de Selección, Eduardo Flores, y el presidente del CPCCSAndrés Fantoni, tendrían un rol determinante.

Otra exveedora aseguró que, en un segundo grupo convocado en octubre de 2025, se habrían incorporado personas con el objetivo de respaldar decisiones del titular del CPCCS.

“Ingresaron personas con una clara consigna, avalar todo lo que pida el presidente Andrés Fanttoni. Es así que entre los miembros de la nueva veeduría habría integrantes de un grupo de apoyo a Fantonni como Marlene Tituaña”, indicó.

También se reportaron irregularidades desde la fase inicial, como la selección de comisionados sin cumplir requisitos legales y la presunta habilitación de candidatos previamente inhabilitados.

Falta de respuestas

Las irregularidades fueron notificadas al CPCCS y a la Asamblea Nacional. Sin embargo, según los denunciantes, no se han adoptado acciones correctivas ni se han emitido respuestas oficiales.

Por su parte, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aseguró que el proceso avanza con legitimidad, transparencia y acceso público. Negó la existencia de anomalías y calificó las denuncias como “narrativas escuetas y falsas”.

Nuevas denuncias y reacciones

El veedor Guido Egas denunció que el postulante José de la Gasca habría sido admitido sin cumplir los requisitos de experiencia ni presentar toda la documentación obligatoria. El aspirante respondió con una queja formal en su contra.

Asimismo, el asambleísta Luis Molina cuestionó la validez de los certificados académicos de la presidenta de la Comisión, Cynthia Jacho, y anunció un proceso de fiscalización.

Fantoni señaló que la documentación presentada tiene fe pública, aunque indicó que, de detectarse irregularidades, el Consejo deberá tomar decisiones.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General continúa su curso, mientras persisten dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso.

Este medio requirió formalmente un pronunciamiento de Andrés Fantoni pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Radio Pichincha

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