El titular de la cartera del Interior, Claudio Alvarado, confirmó que el Ejecutivo chileno se encuentra realizando gestiones diplomáticas con el objetivo de reactivar los vínculos bilaterales “al menos a nivel consular” con Venezuela. Este acercamiento resulta fundamental para viabilizar el proceso de expulsión de ciudadanos venezolanos que permanecen en el país bajo estatus irregular.
Según detalló Alvarado durante su intervención en el espacio Estado Nacional de la señal 24 Horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha iniciado los diálogos pertinentes. El secretario de Estado subrayó la urgencia de estas oficinas, señalando que existe una alta cantidad de
“personas venezolanas en nuestro país que necesitan recurrir a un consulado para regularizarse o buscar antecedentes, y a su vez también muchos chilenos en Venezuela requieren de esa instancia”
.
El representante gubernamental enfatizó que la administración busca que los cronogramas para las deportaciones hacia territorio venezolano “sean lo más rápido posible”. Asimismo, se mostró optimista respecto al éxito de estas negociaciones. Alvarado también resaltó un cambio en el flujo migratorio actual, afirmando que “en este periodo hay más salidas del país que ingresos”, lo cual calificó como un indicador favorable para la gestión migratoria actual.
Uno de los principales obstáculos radica en que la carencia de lazos diplomáticos formales impide la habilitación de rutas aéreas directas entre las capitales de Santiago y Caracas. Esta limitación logística ha estancado los vuelos destinados específicamente al retorno forzoso de migrantes en situación irregular que pertenecen a esa nación caribeña.
Cifras migratorias y operativos recientes
Durante la última semana, el debate migratorio cobró fuerza tras la expulsión de 40 personas indocumentadas. Estos operativos tuvieron como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, dando continuidad a las políticas de extranjería implementadas en administraciones pasadas. No obstante, la ausencia de venezolanos en estos grupos de deportados evidencia la complejidad del conflicto diplomático actual.
Las estadísticas oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelan una situación crítica: actualmente residen en territorio chileno más de 330.000 extranjeros en condición irregular. Del total de procesos administrativos, existen más de 75.000 órdenes de expulsión vigentes, de las cuales aproximadamente el 50% corresponden específicamente a ciudadanos de nacionalidad venezolana.
Es importante recordar que la ruptura definitiva de relaciones ocurrió tras los comicios de 2024, luego de que la gestión de Boric denunciara un fraude electoral. Desde entonces, el cese absoluto de los servicios consulares ha imposibilitado el cumplimiento de las órdenes judiciales contra aquellos ciudadanos venezolanos que deben ser repatriados por su estatus irregular.
Por otro lado, el actual presidente José Antonio Kast ha ratificado su promesa de aplicar “mano dura” frente a la criminalidad organizada y el ingreso ilegal de extranjeros. Como parte de su plan de seguridad fronteriza, el gobierno avanza en la construcción de zanjas en el desierto de Atacama, en la zona limítrofe con Perú y Bolivia, con el fin de frenar el paso de contrabandistas y migrantes sin documentación oficial.
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