A través de un contundente mensaje público, la candidata a la presidencia Paloma Valencia solicitó formalmente el pasado domingo 19 de abril que el primer mandatario, Gustavo Petro, rinda cuentas ante la nación. Esta exigencia surge tras conocerse reportes sobre un presunto encuentro entre el jefe de Estado y Gonzalo Boye Tuset, quien ejerce la defensa legal de Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado como el principal cabecilla del contrabando en el territorio colombiano.
Desde la ciudad de Cali, en el departamento del Valle del Cauca, donde adelantaba encuentros con sectores deportivos como parte de su gira nacional, Valencia enfatizó que la sospecha de que el presidente haya mantenido reuniones y posiblemente recibido capitales de procedencia dudosa constituye
“un escándalo mayúsculo”
que demanda claridades inmediatas. La senadora basó su reclamo en los detalles emergentes sobre transferencias de altas sumas de dinero y encuentros que habrían ocurrido fuera de los canales oficiales.
De acuerdo con la información difundida, se han detectado documentos y grabaciones que sugieren contactos entre la administración central y el círculo cercano de Marín Buitrago desde el año 2024. Entre los datos más alarmantes destaca el supuesto manejo de 500 millones de pesos en efectivo en la ciudad de Madrid, España. Según los reportes, emisarios de Marín habrían indicado que estos fondos estarían vinculados con la financiación de la contienda electoral de Petro en 2022.
Frente a este escenario, la representante del partido Centro Democrático manifestó su rechazo tajante a lo que calificó como tácticas de evasión por parte del Poder Ejecutivo. Paloma Valencia fue enfática al señalar que
“Colombia necesita respuestas sobre hechos que comprometen la transparencia democrática, no maniobras de distracción”
. Asimismo, advirtió que mientras el Gobierno intenta desviar la atención hacia conflictos de índole internacional, la ciudadanía sigue esperando evidencias concretas.
La aspirante presidencial también hizo especial hincapié en la necesidad de que se haga público un video mencionado en versiones previas. En dicha grabación, el mandatario supuestamente aparecería devolviendo recursos económicos vinculados al entorno de Diego Marín. Estos fondos habrían sido entregados originalmente al activista de origen catalán Xavier Vendrell. Se presume que el video está en manos de Ramón Devesa, quien habría registrado el momento de la devolución, aunque hasta la fecha se desconoce el contenido exacto de la pieza audiovisual.
La tensión política ha escalado debido a lo que parece ser una comunicación sostenida durante más de un año entre el Ejecutivo y los delegados del contrabandista en ciudades como Madrid y Bogotá, presuntamente por instrucciones presidenciales. Las informaciones señalan que Gustavo Petro habría participado en una reunión directa con Boye Tuset, encuentro en el que también habría estado presente Devesa actuando como facilitador del mandatario.
Adicionalmente, se han reportado al menos diez reuniones adicionales en las que participaron funcionarios de alto nivel. Entre ellos figuran Jorge Lemus, actual jefe de inteligencia, e Isaac Beltrán, asesor de la Uiaf. Según indagaciones de la Fiscalía, en estos espacios se habrían ofrecido garantías procesales y se discutió la posible incorporación de Marín y sus allegados en el marco de la política estatal de Paz Total. Es importante subrayar que estas gestiones se habrían realizado sin dejar registros oficiales o institucionales.
Detalles del encuentro en el Hotel Tequendama
Las investigaciones periodísticas sugieren que Petro se habría reunido con Boye y Devesa, este último experto en ciberseguridad, en las instalaciones del Hotel Tequendama el 16 de mayo de 2024. El Gobierno Nacional no reportó formalmente estos acercamientos, los cuales ocurrieron poco después de un intento fallido por capturar a Marín en España. Tampoco se informó sobre el envío de delegados para recabar información relativa a la corrupción en los puertos.
Respecto a dicha reunión, se afirma que tuvo una duración aproximada de una hora y que el tema central fue la situación de Diego Marín. En el reporte se indica que
“Petro manifestó su interés en que el contrabandista llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. En la conversación salió a relucir que este gobierno no era ajeno a lo que, durante décadas, viene pasando con el “control” del contrabando»
.
Por otro lado, fuentes judiciales han advertido sobre la presencia de funcionarios en la Aduana de Buenaventura que habrían sido recomendados por personas vinculadas a ‘Papá Pitufo’, lo que reforzaría la tesis de un canal de comunicación privilegiado. A pesar de estos señalamientos, las investigaciones no han arrojado resultados definitivos, y Marín recuperó su libertad a mediados de 2025 tras obtener un habeas corpus en Portugal.
El flujo de comunicación directa parece haberse fracturado cuando el Gobierno colombiano impidió el ingreso al país de Gonzalo Boye el 24 de junio de 2025. Esta decisión quedó plasmada en una resolución de Migración Colombia suscrita por Mauricio Castellanos, oficial de la institución, junto a representantes de la aerolínea Iberia y el director regional de la entidad migratoria.
Finalmente, Paloma Valencia reiteró la gravedad que supone cualquier sombra de duda sobre el origen de los recursos de campaña.
“Colombia no puede normalizar dudas sobre la financiación de una campaña presidencial”
, aseveró la senadora de oposición, quien volvió a reclamar que se difunda el video que probaría la devolución de los fondos cuestionados.
La líder política exigió que el entorno presidencial responda con pruebas contundentes y sin evasivas sobre la finalidad de estos contactos.
“La gravedad de estos hechos obliga al presidente a dar explicaciones claras y sin evasivas al país. Los colombianos tienen derecho a saber si existieron reuniones, cuál fue su propósito y si hubo recursos provenientes del contrabando involucrados”
, concluyó.
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