En el tramo final de la administración del presidente Gustavo Petro, una parte considerable de su círculo de confianza atraviesa por momentos críticos frente a la justicia. Diversos colaboradores del Ejecutivo se encuentran vinculados a procesos judiciales que abarcan desde indagaciones iniciales hasta juicios en firme, enfrentando acusaciones por delitos de corrupción, tráfico de influencias, irregularidades en la contratación y presunto enriquecimiento ilícito.
Este panorama legal afecta a perfiles de alto nivel, incluyendo la dirección de Ecopetrol, liderazgos en el sector salud y delegados en instituciones educativas. A continuación, se detallan los expedientes más significativos que marcan la agenda judicial del Gobierno actual.
Ricardo Roa: El presidente de Ecopetrol en la mira penal
Ricardo Roa, quien lidera la estatal petrolera Ecopetrol, ha tenido que solicitar una licencia no remunerada y vacaciones para atender sus compromisos legales. El funcionario enfrenta una imputación por tráfico de influencias debido a la adquisición de un inmueble en el sector de Chicó, en Bogotá. Se investiga un contrato de compraventa con Juan Guillermo Mancera por un monto que resultó ser un 34% inferior a su valor comercial real. Roa ha rechazado estas acusaciones.
Paralelamente, Roa figura como el primer alto cargo del entorno de Petro requerido por la justicia debido a la supuesta violación de los topes de financiación durante la campaña presidencial. Tras dos suspensiones previas, la audiencia de imputación ha sido fijada para el próximo 8 de mayo en los juzgados de control de garantías de la capital colombiana.
Daniel Quintero y el juicio por el caso ‘Aguas Vivas’
El actual superintendente de Salud y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha sido llamado a juicio formal. Los cargos que se le imputan incluyen peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. El proceso se centra en el traspaso de un terreno de 146.000 metros cuadrados, donde presuntamente se favoreció a inversores privados al cambiar una donación gratuita por una venta que le costó al erario 40.000 millones de pesos.
En su defensa, Quintero ha señalado que la génesis del contrato recae en su predecesor, Federico Gutiérrez, afirmando que su gestión solo intentó dar cierre a un proceso que consideraba viciado. Al respecto, el funcionario sostuvo:
“El predio había sido regalado; pero en la letra pequeña del contrato decía que tocaba pagarles 40.000 millones. Mi gobierno termina el contrato, pero este era ilegal”
Armando Benedetti: Siete expedientes en la Corte Suprema
Armando Benedetti, actual ministro del Interior, acumula un total de siete procesos activos ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente más avanzado es el relacionado con Fonade, donde se investiga su presunta mediación para entregar un contrato de más de 1.000 millones de pesos a la firma Certicámara S. A.. Además, se le vincula con el denominado “carrusel de pensiones” en el departamento de Córdoba y supuestas irregularidades en la Fiduprevisora.
El ministro también debe responder por sospechas de enriquecimiento ilícito relacionadas con su patrimonio y supuestas presiones para gestionar nombramientos públicos. Mientras la defensa de Benedetti sostiene que los señalamientos son fruto de una pugna personal con el jurista Jaime Lombana, la justicia continúa con las etapas procesales de estos múltiples casos.
Vínculos peligrosos e irregularidades en la Uiaf y la Nueva EPS
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Wilmar Mejía, está siendo procesado tras el hallazgo de su nombre en dispositivos electrónicos pertenecientes al líder disidente conocido como alias ‘Calarcá’. Aunque la Procuraduría levantó una suspensión inicial, el proceso penal sigue vigente para determinar sus presuntos nexos con grupos criminales. Mejía, por su parte, sostiene que es víctima de un montaje institucional.
Por otro lado, Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y antiguo alcalde de Cali, suma cuatro investigaciones penales. La más crítica es una acusación formal por un contrato de alumbrado navideño en la capital del Valle del Cauca, valorado en 10.334 millones de pesos. Pese a contar con más de 60 indagaciones en distintos entes de control, Ospina mantiene su postura de inocencia frente a los cargos.
Fraude académico en la Universidad del Cesar
Finalmente, el caso de Juliana Guerrero destaca por el presunto uso de documentación falsa para acceder a cargos públicos. La representante del Gobierno en la Universidad del Cesar (Unicesar) fue imputada por fraude procesal y falsedad en documento público. La investigación apunta a que Guerrero presentó dos títulos universitarios apócrifos para cumplir con los requisitos de su designación.
Según las evidencias presentadas por la Fiscalía durante el proceso, la exviceministra de Juventudes “nunca fue a clase ni presentó los exámenes” para obtener dichos certificados. A pesar de la gravedad de la imputación, Guerrero continúa ejerciendo funciones en la junta directiva de la mencionada universidad.
Fuente: Fuente