El Gobierno de España ha restado total relevancia a la petición efectuada por Manos Limpias, organización que ha solicitado formalmente una pena de 10 años de prisión para Begoña Gómez, cónyuge del presidente Pedro Sánchez, por supuestos delitos de corrupción.
Fuentes oficiales del Ejecutivo aseguran que el escrito de acusación no posee validez real, describiendo a Manos Limpias como un «pseudosindicato ultra». Según la postura gubernamental, el objetivo primordial de esta entidad es la persecución política directa contra la figura del mandatario nacional.
En la Moncloa sostienen que esta solicitud de privación de libertad —siendo la primera dirigida contra Gómez— confirma la existencia de una campaña deliberada contra Pedro Sánchez. Esta posición ha sido mantenida de forma constante por el gabinete desde que arrancó el proceso judicial.
Los cargos y las figuras implicadas
En su rol de acusación popular, Manos Limpias ha planteado una condena de 10 años y tres meses de cárcel por presunta malversación y tráfico de influencias. Esto ocurre luego de que el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, sugiriera procesar a Begoña Gómez, junto a su colaboradora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Es importante destacar que Manos Limpias está integrada actualmente en una acusación popular unificada. Dicho bloque está liderado por la organización Hazte Oír, encargada de coordinar y presentar un escrito de acusación conjunto que agrupe todas las pretensiones del sector.
De acuerdo con el documento judicial presentado, la organización acusa a Begoña Gómez de aprovechar su vínculo familiar para obtener beneficios académicos. El texto afirma textualmente que la investigada
«se prevalió de su condición en la Administración como esposa del presidente del Gobierno para que, por su condición, el rector de la Universidad Complutense de Madrid diera instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra para que ella pudiera dirigirla»
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