El magistrado de la Audiencia Nacional (AN), Antonio Piña, ha solicitado un informe formal al Ministerio Fiscal para determinar si el tribunal posee la jurisdicción necesaria para iniciar una investigación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esta acción judicial también involucra al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y a otros altos mandos militares por su presunta responsabilidad en el asalto a una comitiva internacional y la aparente detención ilegal de un sargento de nacionalidad española integrado en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
A través de un auto emitido este viernes, el juez ha ordenado la apertura de diligencias previas. El objetivo principal es que la Fiscalía se pronuncie sobre la competencia del tribunal y evalúe las peticiones contenidas en la denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Según el criterio del magistrado, el relato de los hechos expuesto en la querella presenta matices que «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
Graves acusaciones internacionales
La acción legal, que se extiende a otros oficiales y militares de Israel que aún no han sido identificados, imputa a los denunciados delitos graves, entre los que se incluyen crímenes contra personas y bienes protegidos en conflictos armados, coacciones y detención ilegal. Los hechos que motivan esta denuncia ocurrieron el pasado 7 de abril, cuando las fuerzas israelíes interceptaron un convoy logístico de la misión de paz de la ONU que transportaba suministros y alimentos para el contingente indonesio. En el transcurso de dicha operación, un militar del Ejército de Tierra de España fue retenido por un lapso inferior a una hora.
Según se detalla en el documento judicial, la intervención de las tropas extranjeras fue de carácter agresivo.
«Las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza»
relata la querella, añadiendo que el suboficial español
«fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo»
. Diversas fuentes oficiales han refrendado esta versión, calificando el suceso como un «acto absolutamente hostil con violencia física».
Reacción diplomática y contexto legal
La liberación del sargento español se produjo únicamente después de que el Gobierno de España, mediante la gestión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, comunicara su «protesta más enérgica» tanto ante las Naciones Unidas como ante la administración de Tel Aviv. Para los querellantes, lo ocurrido representa
«una detención ilegal en toda regla»
y constituye
«un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional, ejecutado con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz»
.
Finalmente, la organización demandante subraya que este incidente no debe considerarse un evento fortuito o aislado en el área de operaciones, sino que se enmarca dentro de un contexto de riesgo estructural para los cascos azules y las fuerzas internacionales que operan en la región para mantener la paz.
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