El magistrado Antonio Piña, integrante de la Audiencia Nacional (AN), ha solicitado un informe formal a la Fiscalía para determinar si este tribunal posee la competencia necesaria para iniciar una investigación penal contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La consulta judicial también incluye al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, junto a otros altos mandos castrenses de ese país.
La medida surge tras una denuncia por el asalto a un convoy logístico y la presunta detención ilegal de un efectivo militar de nacionalidad española, quien formaba parte de la Misión de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). A través de un auto judicial emitido este viernes, el juez Antonio Piña ordenó la apertura de diligencias previas y trasladó el expediente al Ministerio Fiscal para que este se pronuncie sobre la jurisdicción del caso y las diligencias solicitadas por la organización Iustitia Europa.
Cargos y fundamentos legales
De acuerdo con el criterio del magistrado, los hechos descritos en la querella presentada por Iustitia Europa poseen «características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». La acción legal no solo se dirige contra los altos cargos mencionados, sino que se extiende a otros militares israelíes que aún no han sido plenamente identificados.
La denuncia atribuye a los implicados la presunta responsabilidad en delitos de crímenes contra personas y bienes protegidos en situaciones de conflicto armado. Asimismo, se mencionan posibles cargos por coacciones y detención ilegal en perjuicio del uniformado español.
Detalles del incidente en el Líbano
El episodio que motiva esta acción judicial ocurrió el pasado 7 de abril. En esa fecha, fuerzas israelíes interceptaron un convoy de suministros de la ONU que transportaba alimentos y recursos destinados al destacamento de Indonesia en territorio libanés. Durante la intervención, un militar de España fue retenido por un lapso de «menos de una hora».
La liberación del soldado se produjo después de una intensa gestión diplomática. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó en su momento que el Gobierno español tuvo que expresar
«su protesta más enérgica»
tanto ante la organización de las Naciones Unidas como ante el Ejecutivo de Tel Aviv para resolver el incidente.
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