La Audiencia Nacional de España ha formalizado la apertura de diligencias previas dirigidas contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el máximo responsable del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi. La investigación judicial se centra en la presunta comisión de delitos de crímenes de guerra, detención ilegal y coacciones, tras un incidente de seguridad que involucró a un efectivo militar de nacionalidad española perteneciente a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) el pasado 7 de abril.
La resolución, emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 6, es el resultado de una querella interpuesta por la organización política Iustitia Europa. El proceso judicial no solo señala a la cúpula política y militar israelí, sino que extiende las diligencias hacia el comandante del comando norte de las FDI, encargado operativo de las tropas en el área, así como a otros oficiales y posibles autores materiales que sean identificados en el transcurso de la instrucción. Este procedimiento representa la primera ocasión en que un tribunal de España investiga de forma directa a Netanyahu y a su jefe militar.
Los hechos denunciados sitúan el conflicto a las 11:30 horas del 7 de abril, en la zona de Taybeh, ubicada en el sur del Líbano, un sector bajo la supervisión de la misión de paz de las Naciones Unidas. En ese punto, un convoy de logística compuesto por tres vehículos oficiales debidamente señalizados con los emblemas de la ONU del destacamento español fue interceptado por fuerzas militares israelíes. Según consta en el auto judicial, la acción fue ejecutada
“de forma deliberada y hostil”
contra el vehículo que encabezaba el grupo.
Detalles sobre la retención del militar español
El afectado, un sargento del Ejército de Tierra de España cuyo nombre permanece bajo reserva por motivos de seguridad institucional, fue extraído por la fuerza de su vehículo empleando una agresividad extrema. Diversas fuentes han descrito este suceso como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. De acuerdo con la denuncia presentada el 10 de abril, al suboficial español se le introdujo en una unidad motorizada con “una violencia evidente”, para posteriormente proceder con su traslado forzoso hacia una
“localización distinta y no autorizada”
.
Ante la gravedad de los testimonios y pruebas preliminares, el magistrado Antonio Piña ha determinado que los acontecimientos poseen elementos que permiten sospechar la existencia de una infracción penal. En consecuencia, ha dispuesto la incoación de las diligencias para esclarecer los pormenores de la agresión, individualizar a los responsables y determinar las sanciones legales correspondientes. El proceso judicial se mantiene bajo supervisión de las autoridades españolas mientras se recopila mayor información sobre la actuación de las fuerzas de defensa extranjeras.
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