Tras el proceso electoral del pasado 12 de abril de 2026, el panorama político en Perú se mantiene bajo una tensa calma. Cuatro días después de los comicios, la nación aún no tiene certeza sobre quién será el contendiente de Keiko Fujimori en la instancia definitiva. Según los reportes más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con un avance del 90% en el procesamiento de actas, el representante de la izquierda, Roberto Sánchez, registra un 11,99% de los sufragios, mientras que el aspirante de ultraderecha, Rafael López Aliaga, lo sigue muy de cerca con un 11,93%. La brecha entre ambos candidatos es crítica: menos de 9.000 votos los separan.
En la cima de la tabla, Keiko Fujimori consolida su posición con un 17% de respaldo en una contienda histórica que presentó un récord de 35 candidatos. Sin embargo, los números fríos no alcanzan a describir una jornada marcada por el caos organizativo y la crispación política, donde incluso se escucharon llamados a la “insurgencia” y los observadores internacionales se vieron obligados a desmentir acusaciones de fraude de manera tajante.
Aunque el conteo total de actas podría concluir entre este viernes y el sábado, el resultado final no será inmediato. La revisión de las actas impugnadas ante los órganos competentes es un requisito previo para la proclamación de los resultados oficiales. En términos prácticos, la resolución de quién disputará el balotaje el próximo 7 de junio podría postergarse hasta la semana entrante, dado que cada voto es decisivo ante una diferencia tan estrecha.
Una década de inestabilidad política
El escenario actual del 12 de abril es el resultado de una crisis sistémica acumulada. Durante los últimos diez años, Perú ha sido gobernado por ocho presidentes, ha enfrentado múltiples procesos de destitución y la disolución del Congreso, además de mantener bajo arresto a un exmandatario cuya influencia persiste en el electorado. Esta polarización alcanzó un punto crítico en 2022, tras el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el Legislativo mediante un decreto.
A este complejo trasfondo se sumó una transformación institucional de gran envergadura: el retorno al sistema bicameral. Tras tres décadas de un congreso unicameral, los peruanos acudieron a las urnas para elegir simultáneamente presidente, senadores y diputados. Este cambio incrementó drásticamente la dificultad logística de las elecciones, convirtiéndolas, según autoridades y expertos, en las más complejas de la historia reciente del país.
La desconfianza hacia los organismos electorales, que ya venía arrastrándose desde el 2021 —cuando tanto López Aliaga como Fujimori lanzaron acusaciones de fraude sin sustento probatorio—, se ha visto agravada por los fallos operativos del domingo. Lo que no se previó fue la magnitud del desajuste logístico que empañaría el proceso.
Perfiles de una nación fragmentada
La actual contienda electoral peruana destaca a tres figuras que personifican las grietas de la sociedad actual:
- Keiko Fujimori: Representante de Fuerza Popular e hija de Alberto Fujimori. En su cuarto intento por alcanzar la presidencia, mantiene un voto sólido en Lima y en sectores que añoran la estabilidad de los años 90. Sus oponentes la ven como un símbolo de impunidad, mientras que sus votantes valoran su estructura partidaria en un mapa político atomizado.
- Rafael López Aliaga: Empresario y exalcalde de Lima, ha capitalizado el descontento con un discurso de “mano dura” y anticomunismo. Aunque domina el electorado de la capital, su falta de fuerza en el resto del país lo tiene actualmente en una posición vulnerable para el balotaje nacional.
- Roberto Sánchez: Líder de Juntos por el Perú, ha irrumpido con el apoyo del denominado “Perú profundo”. Sánchez reivindica la figura de Pedro Castillo y utiliza el sombrero campesino como un símbolo de identidad. Su fuerza radica en las zonas rurales e indígenas, alejadas de las élites limeñas.
Este fenómeno de votación diferenciada se ha repetido: mientras el conteo avanzó desde las zonas urbanas hacia las rurales, el liderato de López Aliaga se desvaneció frente al crecimiento de Sánchez. Son tres visiones de país que parecen irreconciliables en términos de unidad nacional.
Desorden y crisis en las urnas
Un total de 27 millones de peruanos fueron convocados para decidir el futuro del Ejecutivo, el Legislativo y el Parlamento Andino. El principal obstáculo fue el incumplimiento de la empresa privada contratada por la ONPE para la distribución del material electoral en Lima. Esto provocó que centros de votación abrieran con cinco horas de retraso y que 52.000 ciudadanos no pudieran sufragar el domingo, debiendo hacerlo el lunes siguiente.
La indignación pública creció cuando se supo que un funcionario de la ONPE fue arrestado por la Policía Anticorrupción tras renunciar el mismo domingo, acusado de omisión de funciones. En este entorno, Rafael López Aliaga no tardó en cuestionar la legitimidad del proceso. Antes de que terminara el conteo oficial, el candidato exigió suspender los resultados y llamó a una “insurgencia civil”, solicitando incluso la detención de Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Durante manifestaciones frente al Jurado Nacional de Elecciones, sostuvo sus denuncias de irregularidades sin presentar evidencias concretas.
Proyecciones para el 7 de junio
El país se prepara para dos posibles caminos en la segunda vuelta:
Escenario 1: Fujimori contra Sánchez
Este duelo recrearía la polarización extrema de 2021. Para los mercados y los sectores de derecha, la opción de Roberto Sánchez genera incertidumbre por su cercanía ideológica con Castillo. Por su parte, Fujimori ya ha marcado terreno declarando que
“El enemigo es la izquierda”
, buscando atraer el voto de centro bajo la consigna del miedo al retorno del castillismo.
Escenario 2: Fujimori contra López Aliaga
Una disputa entre dos vertientes de la derecha: una tradicional y otra ultraconservadora. López Aliaga ha sido crítico con su potencial rival, refiriéndose a ella como
“la señora de siempre”
. En este caso, el votante de izquierda y del interior del país quedaría huérfano de representación, lo que podría derivar en altos niveles de abstencionismo o voto nulo.
Independientemente de quién resulte ganador en julio, el próximo mandatario enfrentará un Congreso fragmentado y una sociedad profundamente desconfiada de sus instituciones. La ciencia política sugiere que Perú atraviesa una erosión democrática, donde la institucionalidad sobrevive formalmente pero pierde legitimidad ante el ciudadano. No obstante, el papel de la misión de la Unión Europea y de la Defensoría del Pueblo demuestra que, pese a las fallas logísticas, los mecanismos de control siguen operando para garantizar que el voto del “Perú profundo” sea contado.
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