En el marco de la segunda fase de socialización del Proyecto de Ley Orgánica de Eutanasia, la Comisión del Derecho a la Salud continuó recibiendo aportes técnicos de entidades públicas y organizaciones sociales, con el objetivo de fortalecer el texto normativo.
Representantes de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y la organización Dignidad y Derecho presentaron observaciones orientadas a garantizar coherencia normativa, seguridad jurídica y adecuada implementación del procedimiento.
Paola Aguirre Otero, directora Ejecutiva de ACESS, planteó la necesidad de armonizar definiciones y competencias con otras leyes vigentes, especialmente en lo referente al personal de salud y a la participación de profesionales de salud mental. Además, recomendó delimitar el alcance de la habilitación profesional y ajustar disposiciones sobre objeción de conciencia, a fin de evitar contradicciones y asegurar la continuidad de la atención.
Por su parte, Jorge Bejarano Jaramillo, coordinador General Técnico de Certificaciones de ARCSA enfatizó la importancia de incorporar regulaciones específicas sobre medicamentos y dispositivos médicos utilizados en el procedimiento eutanásico, incluyendo su control, trazabilidad, calidad, seguridad y eficacia. También propuso precisar competencias entre las autoridades sanitarias, fortalecer el consentimiento informado e incluir mecanismos de farmacovigilancia y registro de eventos adversos.
De otro lado, Víctor Manuel Valle, vicepresidente de la organización Dignidad y Derecho reiteró su postura crítica frente a la eutanasia, señalando que, conforme a la jurisprudencia constitucional, no constituye un derecho, sino una excepción a la tipificación penal. En este contexto, subrayó la necesidad de garantizar plenamente la objeción de conciencia sin imponer obligaciones como la derivación de pacientes, así como evitar formalismos que limiten su ejercicio. Asimismo, recomendó reforzar las garantías para pacientes con trastornos mentales mediante evaluaciones especializadas.
El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, destacó la pertinencia de los aportes recibidos y señaló que serán considerados en la construcción del informe para el debate legislativo.
RSA