El traslado del Pleno de la Asamblea Nacional a distintas provincias del país se convirtió en una práctica recurrente durante 2026. Bajo el argumento de “acercar el Legislativo a la ciudadanía”, el presidente del Parlamento, Niels Olsen, defendió estas sesiones fuera de Quito como un mecanismo para facilitar el acceso de gremios, medios locales y organizaciones sociales que no pueden movilizarse a la capital.
Para ello, la Asamblea Nacional desembolsó aproximadamente USD 144.000 en cuatro jornadas de sesiones realizadas fuera de su sede oficial en Quito. Según los registros oficiales, la mayoría de estos encuentros tuvieron lugar en la Universidad Ecotec, en Samborondón (Guayas).
- La sesión solemne del 20 de febrero en dicha ciudad tuvo un costo de USD 34.725.
- En las plenarias de los días 25 y 26 del mismo mes representaron el gasto más alto, alcanzando los USD 48.935.
Otras jornadas incluyeron sesiones el 10 y 11 de marzo (USD 28.500) y un traslado a Cuenca el 17 y 18 de marzo, que costó USD 32.000. A estas cifras se suma una quinta jornada en Machala a finales de marzo, que rondearía igualmente los USD 30.000. En total, en cinco salidas de Quito, el Parlamento desembolsó más de USD 145.000.
De hecho, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, reconoció que cada salida del palacio legislativo le cuesta a la institución un promedio de USD 30.000.
La institución ha sido enfática en aclarar que no se pagan viáticos ni movilización a los 151 asambleístas. Sin embargo, el presupuesto cubre una amplia logística necesaria para el funcionamiento del Pleno en otras sedes:
- Personal de apoyo: subsistencia y traslados de asesores de la Presidencia, secretarios, personal operativo y técnico.
- Tecnología y Comunicación: desplazamiento de directores de tecnología, equipos de comunicación y medios legislativos.
- Seguridad: el rubro incluye la movilización de miembros de la escolta legislativa y agentes de seguridad personal para aquellos asambleístas identificados con un alto nivel de riesgo.
Adicionalmente, se reporta un gasto de casi USD 19.000 destinado al personal que brindó apoyo en 39 sesiones de comisiones realizadas desde marzo del año anterior.
En ese contexto, provincias como Guayas, Azuay y El Oro fueron escenario de debates y aprobaciones de leyes relevantes, entre ellas reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), normativa minera y legislación sobre vivienda social. La narrativa oficial insiste en que este modelo fortalece la democracia territorial.
Por ejemplo, la logística de transporte constituye otro componente clave que complejiza la factura final. Cada legislador tiene derecho a un pasaje aéreo semanal de ida y vuelta para asistir a sesiones, lo que incrementa de forma sostenida el presupuesto institucional.
Registros internos, a los que accedió Radio Pichincha, evidencian que un boleto en la ruta Quito-Guayaquil oscila entre USD 228. Por otro lado, un viaje aéreo Quito-Machala bordea los USD 290 por viaje redondo. Solo en septiembre de 2025, la Asamblea comprometió cerca de USD 960.000 en contratos de pasajes aéreos, lo que da cuenta de una política de movilidad intensiva que se mantendría en el tiempo.
Ahora, para quienes optan por el traslado terrestre, el CAL estableció un subsidio de USD 0,35 por kilómetro recorrido. Este mecanismo, aunque menos visible que los vuelos, también suma al costo global de cada desplazamiento.
¿Qué dicen las voces?
Olsen sostiene que el gasto se justifica si permite fortalecer el vínculo con la ciudadanía, insistiendo en que “es lo que cuesta estar más cerca de las personas”. Esta postura, no obstante, contrasta con un escenario nacional en el que la austeridad en el uso de recursos públicos es una exigencia constante.
De hecho, la asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, cuestiona la cifra dada por el presidente del Parlamento. Yumbay afirmó que el gasto por sesión no se justifica cuando el país enfrenta una crisis en el sistema de salud, con falta de dinero para medicamentos e insumos básicos, además de una “inseguridad campante”.
Criticó que, mientras el país sufre inseguridad, algunos asambleístas se movilizan con hasta cinco guardaespaldas pagados. Señaló que mientras unos legisladores arriesgan la vida caminando en condiciones difíciles, otros se “encierran” en lugares como la Universidad Ecotec en Guayas con esquemas de seguridad total.
Asimismo, desmintió que los viajes permitan un acercamiento con la población. Según la legisladora, tras haber recorrido varias provincias, no se han reunido con gremios ni actores locales. En su lugar, sostuvo que las comisiones se limitan a convocar a funcionarios del mismo gobierno, como gobernadores, jefes políticos o ministros —a quienes se refirió como “su gallada”—, sin escuchar las “crudas situaciones” que vive el pueblo en territorio.
Radio Pichincha