El mandatario de Chile, José Antonio Kast, instó este miércoles a los miembros del Parlamento a tramitar con una visión de Estado y “con urgencia y altura de miras” una robusta megareforma económica. Este paquete legislativo, que integra aproximadamente 40 iniciativas distintas, es considerado el pilar fundamental de su gestión gubernamental. El plan contempla, entre sus puntos más destacados, una significativa disminución de los impuestos corporativos y diversos incentivos para facilitar el retorno de capitales que se encuentran en el exterior.
“Este proyecto no es una agenda ideológica (…) Es una oportunidad para que los chilenos, en unidad, cambiemos el rumbo pensando en las futuras generaciones”, manifestó Kast durante su primera intervención en cadena nacional desde que asumió la presidencia el pasado 11 de marzo.
El gobernante solicitó al Congreso Nacional que la propuesta sea evaluada con celeridad, reconociendo que la coalición oficialista carece de una mayoría legislativa. En este contexto, el respaldo de los parlamentarios del Partido de la Gente, de tendencia derechista, se perfila como un factor crucial para el éxito de la votación.
Esta reforma, que fue anunciada inicialmente el 14 de marzo y que aún aguarda por su ingreso oficial a la sede legislativa, tiene como metas principales:
- Impulsar el crecimiento del PIB hasta alcanzar un 4%.
- Reducir los índices de desocupación laboral al 6,5%.
- Restablecer el equilibrio en las cuentas fiscales de la nación.

El panorama económico que sustenta esta medida muestra que el PIB de Chile registró una expansión del 2,5% durante el año 2025. Por su parte, el costo de vida medido por la inflación finalizó en un 3,5%, mientras que el déficit fiscal de carácter estructural se situó en un 3,6% del producto, marcando la cifra más elevada registrada en los últimos veinte años.
En su mensaje, Kast enfatizó que “el crecimiento no es un fin en sí mismo, sino el medio para que las personas vivan mejor y haya más empleo, más seguridad y más esperanza”. El jefe de Estado buscó desmarcarse de las críticas que sugieren un sesgo en su propuesta económica.
“Sé que habrá voces que digan que este proyecto favorece a los que más tienen. Esa objeción no resiste los datos. El empleo lo puede crear cualquier empresa que tenga condiciones para crecer: el almacén de barrio, la empresa familiar, la compañía mediana, la gran industria”, argumentó el mandatario.
Desde la vereda contraria, los representantes de la oposición de izquierda han señalado que el presidente busca implementar “una reforma tributaria encubierta”. Según estos sectores, el plan beneficiaría desproporcionadamente a los estratos más acaudalados y podría provocar una disminución drástica en los ingresos del Estado en un momento de limitaciones financieras.
Los pilares de la propuesta económica de Kast
Uno de los ejes centrales de esta megareforma es la reducción del impuesto a las empresas, el cual pasaría del 27% actual a un 23%. Esta medida busca alinear al país con los estándares de la OCDE. Desde la presidencia se estima que este ajuste favorecerá a unas 150.000 organizaciones, las cuales representan el 90% de la inversión nacional y generan más de la mitad de los puestos de trabajo formales.

Adicionalmente, el proyecto incorpora otras disposiciones de impacto financiero:
- Una exención temporal del IVA para la adquisición de propiedades inmobiliarias nuevas.
- Un mecanismo para la repatriación de capitales del exterior sujeto a un gravamen único del 7%.
- La vuelta del estatuto de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de larga duración.
Respecto a este último punto, el presidente explicó que el objetivo es brindar certidumbre a quienes apuesten por el país, garantizando que sabrán con exactitud qué impuestos pagarán en un horizonte de 25 años.
El fundador del Partido Republicano, quien obtuvo la presidencia con el 58% de los sufragios, ha enfrentado una baja en su aprobación ciudadana durante su primer mes tras autorizar un incremento histórico en el precio de los combustibles. No obstante, se mantiene firme en su postura de que elevar la carga impositiva no crea riqueza, sino que “la desplaza o la expulsa del país”.
El nombre oficial del paquete legal es “Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”. Además de lo tributario, incluye estrategias para optimizar la entrega de permisos ambientales y promover el empleo con beneficios fiscales. El Poder Ejecutivo tiene como meta lograr la aprobación antes de septiembre, con el fin de poder estructurar sus primeros presupuestos generales hacia finales del año.
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