La reciente disposición del gobierno chileno respecto a la expulsión masiva de ciudadanos extranjeros en condición irregular ha encendido las alarmas en el límite sur del territorio peruano. Esta acción gubernamental, que fue comunicada a través de una cadena nacional por el mandatario José Antonio Kast, se pondrá en marcha de manera oficial a partir del 16 de abril empleando tanto traslados por vía terrestre como vuelos chárter. Las autoridades de Perú han manifestado su preocupación ante el posible incremento de los flujos migratorios y la proliferación de delitos en los pasos fronterizos como consecuencia directa de esta medida.
El escenario regional actual, caracterizado por una presión migratoria constante y la operatividad de agrupaciones vinculadas al crimen transnacional, ha forzado este endurecimiento de políticas. En suelo peruano, la atención prioritaria se ha fijado en la región de Tacna, zona donde desde hace varias semanas se recomendaba intensificar la vigilancia para mitigar el impacto de los desplazamientos de personas expulsadas desde el país vecino.
Como contraparte, el Ejecutivo peruano ha determinado la ejecución de medidas excepcionales, destacando la declaratoria de emergencia en diversos distritos colindantes. El plan busca frenar de forma contundente los peligros que conlleva la migración irregular, el tráfico de personas y las economías subterráneas que se asientan en estas áreas de tránsito.
Acciones de expulsión y reforzamiento en Chile
Según detalló el presidente José Antonio Kast, la estrategia contempla una salida escalonada de extranjeros irregulares utilizando autobuses y aeronaves. En su alocución, el jefe de Estado chileno manifestó:
“Nos entregaron un país con más de trescientos mil extranjeros en situación irregular… mañana, a primera hora, despegará el primer vuelo de muchos y buses que irán sacando de manera continua a todos aquellos inmigrantes irregulares que no deben continuar en nuestro país”.
Sobre este despliegue, el comunicador chileno Sebastián Ávila informó en entrevista para Exitosa que este jueves se concretará la expulsión de 40 ciudadanos en condición irregular. El periodista puntualizó que varios de los afectados mantienen vínculos con el crimen organizado y señaló que los destinos programados para estos traslados incluyen a Colombia, Ecuador y Chile.
La hoja de ruta oficial chilena se sustenta en el plan de cierre fronterizo, una iniciativa que combina infraestructura de seguridad, monitoreo con tecnología de punta y la movilización estratégica de contingentes militares y policiales en el norte del país. De acuerdo con los reportes de dicho país, las primeras fases de este plan ya habrían provocado una caída en los ingresos por pasos no habilitados.
Estado de emergencia en la región de Tacna
Hace apenas una semana, la administración liderada por José María Balcázar Zelada oficializó el estado de emergencia a través del Decreto Supremo N.° 051-2026-PCM. Esta normativa legal impacta directamente en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, todos pertenecientes a la zona fronteriza.
La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 60 días, periodo durante el cual la Policía Nacional del Perú (PNP) quedará a cargo del orden interno, contando con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. Este régimen de excepción implica la suspensión de ciertos derechos constitucionales, tales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal. Asimismo, cualquier evento público masivo deberá contar con el permiso de las autoridades.
Operativos de control y vigilancia tecnológica
El despliegue en la frontera sur peruana incluye patrullajes constantes con unidades motorizadas, el uso de drones para vigilancia aérea y la fiscalización en puntos de alta sensibilidad detectados por los servicios de inteligencia. Los efectivos desplegados tienen la instrucción de intervenir a quienes pretendan ingresar por rutas prohibidas, con el fin de prevenir delitos colaterales a la migración descontrolada.
La estrategia establece la localización y clausura de pasos clandestinos mediante la presencia de personal armado y una monitorización ininterrumpida. Para potenciar la vigilancia las 24 horas, se han destinado cámaras térmicas y unidades de vehículos blindados ligeros. No obstante, se mantienen protocolos diferenciados para asistir a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, respetando la normativa de derechos humanos.
Coordinación interinstitucional y seguridad migratoria
El decreto gubernamental dio paso a la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), comandado por la jefatura policial de Tacna. Este grupo de trabajo integra a los componentes naval, aéreo y terrestre de las Fuerzas Armadas, además de contar con el apoyo del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Defensa Civil.
El CCO está organizado en cuatro ejes especializados: coordinación distrital, fiscalización, comunicación estratégica e inteligencia. Este último comité ha implementado sistemas avanzados de videovigilancia que incluyen herramientas de reconocimiento facial. Cabe destacar que toda la información recolectada por estos sistemas tiene carácter de reservada según los parámetros legales.
Finalmente, la Superintendencia Nacional de Migraciones lidera las labores de verificación de identidad y los trámites de expulsión correspondientes. Las autoridades peruanas están facultadas para ejecutar el rechazo inmediato en frontera de cualquier persona que intente entrar por pasos no autorizados, además de retener a quienes porten documentación apócrifa para iniciar las acciones legales pertinentes.
Fuente: Fuente