En una escalada de tensión política en el país vecino, Rafael López Aliaga, principal figura del partido Renovación Popular, encabezó una movilización en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima. Durante la jornada, el político lanzó un ultimátum de 24 horas a los organismos electorales para dejar sin efecto el proceso electoral y convocar a nuevas votaciones, fundamentando su postura en graves acusaciones de irregularidades.
«Señores del JNE, les damos un plazo: tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería»
López Aliaga fue enfático al advertir que, si el miércoles a las 20:00 horas no se ha procedido con la anulación, llamará a una movilización en todo el territorio peruano. El candidato presidencial no descartó recurrir a la insurgencia civil, un mecanismo que, según recordó, se encuentra contemplado en la Constitución de dicha nación.
Acusaciones contra autoridades y pedidos de captura
El dirigente de Renovación Popular también dirigió sus críticas hacia el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, instándolos a detener de forma inmediata a Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). López Aliaga calificó a Corvetto como pieza clave de una supuesta organización delictiva dedicada a alterar los resultados. «Hay una mafia que ha planificado esto, hace meses», sentenció tras criticar los retrasos en la logística electoral.
En sus declaraciones, comparó la situación actual de Perú con otros regímenes de la región:
«Ni en Venezuela, en la dictadura de (Nicolás) Maduro, se ha visto esta porquería»
. Asimismo, hizo un llamado al fiscal general para que actúe con celeridad y no se convierta en cómplice de lo que denominó una «patraña», destacando la necesidad de identificar a quienes consideran traidores a la patria.
Hipótesis de una estrategia política
El exalcalde de la capital peruana sugirió que existe un plan orquestado para beneficiar a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según su visión, se intenta posicionar a un contrincante vulnerable para que la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien ha llegado al balotaje en 2016 y 2021, pueda imponerse fácilmente.
Lamentó el silencio de Fujimori ante los cuestionamientos del proceso:
«La señora debería estar aquí, estar dando la cara y no ocultarse»
. Incluso ante un escenario donde su propia organización política lograra asegurar el segundo puesto en el conteo final, López Aliaga aseguró que no validará los resultados bajo estas condiciones.
Cifras en disputa y observación internacional
Sin presentar pruebas documentales en el momento, el candidato derechista denunció que le habrían arrebatado 1.600.000 votos. Ante esto, declaró a su agrupación en estado de emergencia y prometió una marcha masiva a nivel nacional una vez se publiquen las cifras oficiales si se confirma lo que él considera un fraude consumado.
Además de sus ataques internos, el político arremetió contra los observadores internacionales:
«Señores de la UE, lárguense»
, exclamó, criticando la supuesta pasividad de la Unión Europea ante el desarrollo de las elecciones. López Aliaga reiteró que está dispuesto a arriesgar su vida para defender la voluntad popular:
«Tendrán que matarme para lograrlo. Si quieren incendiar la pradera, la vamos a incendiar. Mancos no somos»
.
Resultados parciales del escrutinio
Con casi el 90% de las actas procesadas, el panorama electoral muestra a Keiko Fujimori a la cabeza con un 16,91% de los sufragios. El orden de los candidatos se mantiene de la siguiente manera:
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 16,91%
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular): 11,99%
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 11,88%
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno): 11,15%
La disputa por el segundo lugar es estrecha, especialmente por el ascenso de Roberto Sánchez, vinculado al entorno político de Pedro Castillo, quien se acerca peligrosamente a la posición de López Aliaga de cara a la segunda vuelta prevista para el mes de junio.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un reporte preliminar donde, si bien calificó el proceso como pacífico y ordenado, reconoció fallas técnicas y retrasos considerables que han alimentado la narrativa de fraude en diversos sectores políticos.
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