En una audiencia clave realizada el martes 14 de abril de 2026, la Fiscalía General de la Nación oficializó la acusación contra Jhorman David Mora Silva, conocido en el mundo delictivo como alias El Caleño. Al procesado se le atribuye un rol determinante en la organización del magnicidio del senador del Centro Democrático y aspirante a la presidencia, Miguel Uribe Turbay.
“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, por su presunta participación en la planeación del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá”
De acuerdo con las investigaciones del ente acusador, Mora Silva habría sido el encargado de establecer el contacto telefónico con el menor de edad que ejecutó el disparo contra el legislador en la localidad de Fontibón, en la capital colombiana. Lo más impactante de las pruebas es que estas comunicaciones se habrían gestionado mientras el acusado se encontraba recluido.
“Este hombre, desde el lugar en el que permanecía privado de la libertad, habría contactado telefónicamente a un adolescente, convencido de realizar el ataque armado e indicado cómo debía vestir para pasar desapercibido”
Las evidencias también vinculan a alias El Caleño con una videollamada realizada el mismo día del atentado. En esta comunicación habría participado Elder José Arteaga Hernández, identificado como alias Chipi. Según los reportes oficiales:
“Asimismo, es señalado de realizar una videollamada el día de los hechos con otros implicados, entre ellos, Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, en la que el menor de edad recibió instrucciones sobre el atentado, además de la coordinación del transporte que lo llevaría al parque El Golfito”
La estructura criminal a la que pertenecería Mora Silva operaba bajo una modalidad de sicariato selectivo y diversos delitos en el área metropolitana de Bogotá. Al respecto, la institución puntualizó:
“Los elementos materiales probatorios obtenidos por el grupo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá dan cuenta de que Mora Silva haría parte de un grupo delincuencial dedicado a ejecutar homicidios selectivos y otras actividades ilícitas en Bogotá”
Ante un juez penal especializado, la Fiscalía imputó formalmente a Mora Silva por una serie de delitos de alta gravedad:
- Homicidio agravado.
- Concierto para delinquir agravado.
- Uso de menores en la comisión de delitos.
- Tráfico, fabricación y porte de armas de fuego o municiones.
“Por lo anterior, fue acusado ante un juez penal especializado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”
Este caso ya ha dejado sentencias previas. La Fiscalía recordó que anteriormente se lograron condenas mediante la figura de preacuerdo contra otros implicados: Simeón Pérez Marroquín, Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González.
Antecedentes del fatídico atentado
La muerte de Miguel Uribe Turbay se confirmó el 11 de agosto de 2025, tras luchar por su vida durante más de dos meses en una unidad de cuidados intensivos. Su hospitalización fue el resultado directo de las heridas sufridas el 7 de junio de 2025 durante un evento proselitista.
En aquel momento, un adolescente de apenas 14 años accionó un arma de fuego contra el entonces senador mientras este interactuaba con ciudadanos en Bogotá. Los proyectiles impactaron en su cabeza y pierna, dejándolo en una situación clínica extremadamente delicada.
Tras el ataque, Uribe Turbay fue sometido a intervenciones complejas de neurocirugía y cirugía vascular. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las lesiones cerebrales derivó en su fallecimiento meses después.
Las acciones policiales inmediatas permitieron la captura del menor de edad en la escena del crimen. Las indagaciones posteriores revelaron que el arma utilizada en el magnicidio fue comprada legalmente en el exterior y luego ingresada al país. El caso ha generado un intenso debate nacional sobre la seguridad de los líderes políticos en Colombia y la instrumentalización de jóvenes por parte de bandas criminales.
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