El titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, enfrenta un proceso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tras una denuncia formal presentada por el legislador Edwin Martínez. La acusación constitucional surge en medio de severas críticas por la gestión de los comicios generales y solicita formalmente la destitución de Burneo, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un lapso de 10 años.
Los fundamentos de esta demanda se concentran en los graves inconvenientes logísticos reportados durante la jornada de votación del pasado 12 de abril de 2026. De acuerdo con el documento, dichas fallas impidieron la instalación de 211 mesas de sufragio, lo que vulneró de forma directa el derecho al voto de más de 53 mil ciudadanos peruanos. Ante este escenario, Martínez ha solicitado que se dé curso a las investigaciones y que el expediente sea trasladado eventualmente a la Comisión Permanente.
La propuesta legislativa no solo apunta a su salida del ente electoral, sino que también busca remover a Roberto Burneo de su plaza como vocal supremo titular de la Corte Suprema. El eje central de la denuncia cuestiona la responsabilidad del funcionario en la supervisión de los procesos electorales, en un contexto de crisis donde también se encuentra bajo escrutinio el desempeño del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.
Citación urgente ante la Comisión de Fiscalización
De forma paralela a la denuncia en el Congreso, la Comisión de Fiscalización ha convocado a Roberto Burneo y al titular de la ONPE, Piero Corvetto, para comparecer este martes 14 de abril. El objetivo de esta sesión es profundizar en las irregularidades operativas detectadas durante el domingo electoral y establecer las correspondientes responsabilidades funcionales de cada autoridad.
Durante su intervención, Corvetto deberá detallar las “causas estructurales y operativas” que derivaron en los incidentes del 12 de abril de 2026. Por su parte, el presidente del JNE tendrá la obligación de informar sobre las labores de fiscalización del proceso, la legalidad de las medidas tomadas ante la crisis y la capacidad de respuesta de su institución frente a los problemas reportados.
La agenda para el máximo representante del Jurado Nacional de Elecciones incluye explicar la anulación de más de 200 mesas, el manejo de las impugnaciones, la ampliación de los horarios de votación y la articulación de esfuerzos con la ONPE. Asimismo, se indagará si existieron advertencias previas sobre posibles fallos. En esta sesión también participarán representantes de la Contraloría General y de la Defensoría del Pueblo.
Acciones legales del JNE contra la jefatura de la ONPE
En medio de las dudas sobre la transparencia del proceso, el propio JNE ha interpuesto una denuncia penal contra Piero Corvetto y tres altos mandos de la ONPE. Los cargos imputados incluyen presuntos delitos contra el derecho de sufragio, además de omisión o demora de actos funcionales y entorpecimiento del desarrollo electoral.
El JNE argumenta que hubo una falta de diligencia en la supervisión de la compañía encargada del traslado de los materiales electorales, sumado a errores críticos en la puesta en marcha de las plataformas tecnológicas que debían asegurar un escrutinio eficiente. Según el organismo fiscalizador, estas falencias representan una clara vulneración del deber de cuidado y no simples incidentes fortuitos.
Cabe recordar que, tras el cierre de las urnas el pasado domingo, el magistrado Burneo ofreció un mensaje de disculpas a la población por las deficiencias del sistema:
“Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante en estos momentos es que se garantice su derecho al sufragio”.
Balance de irregularidades en los comicios 2026
El proceso electoral de 2026 ha quedado empañado por una serie de deficiencias organizativas. Entre las más destacadas figuran los retrasos en la distribución de ánforas y actas, fallos en la estabilidad de los sistemas digitales y la imposibilidad de instalar mesas en múltiples sectores de Lima Metropolitana.
El impacto logístico se sintió con mayor fuerza en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín y Pachacámac. En estas jurisdicciones, la normalidad nunca llegó a los locales de votación, provocando la extensión de los horarios y el planteamiento de nuevas fechas para resarcir el derecho de los ciudadanos afectados.
Finalmente, se han multiplicado los cuestionamientos hacia la idoneidad de la empresa contratada para el transporte de material y la falta de pruebas de estabilidad en las herramientas tecnológicas implementadas, factores que desencadenaron una crisis sistémica en la organización de estas elecciones.
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