La Federación Nacional de Departamentos (FND) reafirmó este lunes 13 de abril de 2026 su respaldo a los alcaldes de Colombia y alertó sobre la necesidad de mantener la autonomía territorial, en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien advirtió sobre eventuales sanciones y remociones inmediatas a los mandatarios locales que no contribuyan a resolver los bloqueos en sus jurisdicciones.
La entidad pública, que defiende, articula y representa los 32 departamentos, pidió que la coordinación con el Gobierno nacional se realice sin afectar la legitimidad democrática de las autoridades locales y dentro del estricto respeto al marco legal.
Al fijar su postura de respaldo, la FND precisó que los “alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”.
Esta declaración, destacada en la misiva, cobra relevancia particular porque la propia federación advirtió que “cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la remoción inmediata de los alcaldes carece de fundamento legal e ignora que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”.
Según el documento, existen precedentes donde decisiones de órganos de control sobre autoridades electas por voto popular fueron revocadas, priorizando la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial.
“Es particularmente relevante recordar que incluso decisiones adoptadas por órganos de supervisión respecto de autoridades electas por voto popular han sido revocadas, en garantía de la protección de los derechos políticos y la autonomía territorial”, puntualizó la FND.
La organización insistió en que el diálogo con el Gobierno nacional debe darse en términos institucionales, manteniendo la legalidad y el equilibrio democrático. “La coordinación entre la Nación y los territorios es fundamental, pero siempre respetando la autonomía, la legalidad y el orden constitucional que nos rige”, expresó.
La respuesta de Petro al FND
Tras el comunicado, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó su cuenta de X para responder a las acusaciones de la FND. Conforme a su análisis, la decisión de destituir alcaldes está amparada en la Constitución Política de Colombia.
En efecto, justificó la opción con la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 y vigente desde 1978, un tratado firmado por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se comprometen en respetar los derechos civiles y políticos en Amèrica Latina.
“Constitución y ley estatutaria y decreto de estado de conmoción interior, se destituyen de acuerdo a la ley y lo hace el presidente. Orden público es una causa por Constitución y donde el alcalde cometa delito la convencion americana de DDHH permite destituir alcaldes (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.
En otro mensaje, el primer mandatario responsabilizó a las autoridades locales por la tasa del impuesto predial. “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora; no se necesita más y se hace en 15 días”, expresó el presidente, que agregó que “el Gobierno no va a permitir que le quiten y le suban la comida de sus hogares (sic)”.
Así mismo, insistió en que el aumento del impuesto es una decisión de los alcaldes y concejos municipales. “Cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse (sic)”, escribió en X, señalando que “la solución del avalúo catastral no está en la nación, sino en los municipios”.
En ese sentido, Gustavo Petro remarcó que son los alcaldes los que “tienen la facultad, presentando un acuerdo al Concejo, de exonerar de impuesto predial, pues no a los ricos amigotes que tienen, uribistas, sino al pueblo trabajador (sic)”. Por lo tanto, los gravámenes locales son de exclusiva competencia de los municipios y estos recursos deben destinarse a “agua potable, educación y vías rurales”.
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