La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha formalizado una denuncia penal en contra del titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La medida legal también alcanza a otros cuatro funcionarios de dicha institución, a quienes se les atribuye la responsabilidad directa por la falta de instalación de diversas mesas de sufragio.
Según el informe jurídico, esta situación vulneró de manera crítica el derecho fundamental al voto de aproximadamente 63 mil personas. Las deficiencias operativas se concentraron específicamente en la distribución y entrega del material necesario para el funcionamiento de 211 mesas de votación en todo el territorio nacional, durante la jornada de los comicios generales realizada este 12 de abril.
El expediente oficial detalla que Piero Corvetto y los trabajadores bajo su mando enfrentan acusaciones por la presunta comisión de varios ilícitos penales. Entre los cargos señalados por la procuraduría del JNE se destacan:
- Delitos contra el derecho de sufragio.
- Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
- Obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.
Este proceso legal se fundamenta en las irregularidades que impidieron que miles de ciudadanos pudieran ejercer su derecho ciudadano de manera normal, debido a los problemas logísticos reportados en los centros de votación. Las autoridades judiciales competentes deberán determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios señalados en este atentado contra el proceso democrático.
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