El pleno del Poder Legislativo en Honduras ha aprobado formalmente el inicio de un juicio político contra cuatro autoridades pertenecientes al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Esta resolución implica la suspensión inmediata de sus funciones, lo que genera una profunda incertidumbre sobre la estabilidad institucional y la organización de los próximos procesos electorales en el país.
La admisión de la denuncia recibió el respaldo mayoritario de 91 votos. No obstante, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), junto con los diputados Iroshka Elvir y Alejandro Canelas, se manifestaron en contra de la medida.
Como resultado de la sesión, se determinó apartar de sus cargos a Marlon Ochoa, quien se desempeñaba como consejero titular del CNE, y a la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez. En la misma línea, fueron suspendidos el magistrado del TJE, Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé. Todos deberán permanecer fuera de sus responsabilidades hasta que finalicen las audiencias de descargo correspondientes.
En el transcurso de la votación, la funcionaria Rodríguez presentó formalmente su renuncia por escrito, argumentando que lo hacía con el objetivo de “salvaguardar su honor”. Dicha dimisión fue aceptada por la mayoría de los legisladores presentes.
Comisión especial para el proceso de descargo
Para gestionar la etapa de audiencias, se conformó una comisión legislativa integrada por los congresistas:
- Tania Pinto
- Lissi Matute Cano
- Alberto Cruz
- Kilvett Bertrand
- Sarahí Espinal
- Sara Zavala
- Luz Ernestina Mejía
- Arnold Burgos
- Alejandra Vallecillo
Esta decisión política se fundamenta en denuncias por supuestas anomalías en la administración de eventos electorales, un hecho que representa un punto crítico en el control político sobre los entes autónomos de Honduras.
De acuerdo con los señalamientos presentados, los cinco funcionarios habrían incurrido en ilegalidades en su gestión, con presuntos intentos de obstaculizar el normal desarrollo de los pasados comicios primarios y generales.
La jornada estuvo marcada por un clima de alta tensión. Tras la oficialización de los nombres de los procesados, los diputados de Libre protagonizaron una protesta en el hemiciclo. Ante esto, el presidente de la cámara, Tomás Zambrano, solicitó al secretario Carlos Ledezma que registrara a los legisladores que hacían uso de silbatos y consignas, bajo la advertencia de aplicar sanciones de 15 días sin remuneración.
El jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, rechazó tajantemente el procedimiento señalando lo siguiente:
“Las personas sometidas a juicio político esta noche no han cometido ningún delito, sólo cumplieron la misión para la que fueron nombrados”
. Panchamé atribuyó el proceso a una estrategia del bipartidismo conformado por el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional (PN).
Por su parte, Jorge Cálix, en su rol de jefe de bancada del PL, puntualizó que “39 de 41 diputados del partido apoyaron la denuncia de juicio político”, enfatizando que esta medida es una herramienta de control sobre funcionarios que entorpecen las tareas para las que fueron electos.
El intercambio verbal se agravó con las palabras del legislador Marco Ramiro Lobo, quien acusó al PN y al PL de debilitar la estructura institucional del Estado, citando eventos previos como la remoción del Fiscal General.
“Hoy inicia un nuevo reto para nosotros en Libertad y Refundación, lo que están montando es un gigantesco fraude electoral en las próximas elecciones”
, afirmó Lobo ante la asamblea parlamentaria.
Posteriormente, el diputado Sergio Castellanos subió el tono del debate, lanzando críticas directas a la junta directiva y desafiando al presidente del Congreso con la frase:
“No te tenemos miedo”
.
En el tramo final de la sesión, se conoció la renuncia de Suyen Muñoz a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), aunque se mantendrá en su puesto como comisionada.
Para ocupar dicha vacante, el pleno legislativo nombró a Analina Montes Hawit como nueva presidenta y a Erick Rodríguez Gabarrete como secretario de la CDPC para el período comprendido entre 2022 y 2029.
La resolución tomada en el Congreso hondureño anticipa un periodo de fuerte polarización política, mientras la comisión especial se prepara para recibir las pruebas de descargo de los funcionarios ahora suspendidos.
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