El proceso para designar al nuevo titular de la Contraloría General en Colombia avanzó significativamente durante esta semana, luego de que el Congreso de la República realizara un filtro riguroso en la lista de aspirantes a este cargo de alta relevancia nacional.
En el grupo de los 243 candidatos que superaron las primeras etapas administrativas, destaca la presencia de Pedro Alonso Sanabria Buitrago, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Su postulación, sin embargo, se encuentra en medio de un intenso escrutinio público a raíz de denuncias formales por presunto acoso laboral y sexual.
La trayectoria de Pedro Alonso Sanabria estuvo marcada por su permanencia durante 12 años en la Sala Disciplinaria de la mencionada institución judicial. Su inclusión en el proceso de selección para el cargo de Contralor General ha reavivado las críticas, ya que desde el año 2020 se le vincula con quejas de acoso surgidas durante su ejercicio en la magistratura, lo cual ha generado dudas sobre su idoneidad ética para liderar el máximo ente de vigilancia fiscal.
De acuerdo con el cronograma legislativo, el Congreso redujo el listado original de aproximadamente 270 inscritos a un total de 243 postulantes que acreditaron no tener inhabilidades y cumplir con los requisitos legales. Esta carrera por la jefatura de la Contraloría está prevista para finalizar en el mes de agosto.
La trayectoria y los señalamientos de Sanabria
Durante más de una década, Sanabria Buitrago cumplió un rol determinante en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, órgano encargado de supervisar y sancionar la conducta de jueces, fiscales y abogados en todo el territorio colombiano. Su periodo oficial en esta corporación concluyó en 2020.
A pesar de ser considerado un perfil con vasta experiencia en el control y fiscalización del comportamiento de los servidores públicos, su imagen se ha visto afectada por las acusaciones de acoso sexual y laboral que habrían ocurrido bajo su gestión. Estos antecedentes han cobrado relevancia nuevamente al ser evaluado para un cargo de tal magnitud.
Investigación penal solicitada por la Corte Suprema
En el mes de octubre de 2020, la Corte Suprema de Justicia instó a la Fiscalía General de la Nación a iniciar un proceso de investigación penal contra Pedro Sanabria y la exmagistrada Julia Emma Garzón. El argumento central radica en que, pese a haber cumplido su tiempo legal en el cargo hace más de cuatro años, ambos continuaron ejerciendo funciones en la Sala Disciplinaria.
Este organismo de la Judicatura ya no contaba con competencias legales desde hace un lustro, por lo cual la Corte Suprema cuestionó frontalmente la validez de las actuaciones judiciales firmadas por estos funcionarios. La tensión legal se intensificó cuando Sanabria actuó como ponente en una tutela que involucraba activos destinados a la reparación de víctimas del paramilitarismo, específicamente del grupo conocido como Los Mellizos.
En dicha resolución, Sanabria dispuso la anulación de medidas de embargo que estaban vigentes desde 2015 sobre terrenos entregados por Miguel Ángel Melchor Mejía, alias «El Mellizo».
Dichos predios tenían como fin último resarcir a las víctimas del conflicto. No obstante, terceros identificados como Jaime Albeiro Alí Alí y Saidy Habib reclamaron la propiedad legal de los títulos, llevando el caso hasta el Consejo Superior de la Judicatura, donde Sanabria decidió levantar las restricciones ignorando decisiones previas de otros tribunales.
Nulidad de actuaciones por falta de investidura
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia intervino de forma contundente al declarar nulos los actos administrativos y judiciales emitidos por Garzón y Sanabria. La máxima instancia judicial fue enfática al señalar que ambos involucrados
“no ostentan la condición de magistrados”
de la referida Sala Disciplinaria, por lo que su voto en las sesiones del consejo carece de cualquier validez jurídica.
El fallo sobre los bienes de Los Mellizos ni siquiera alcanzó el respaldo mínimo necesario, pues solo contó con las firmas de Garzón, Sanabria y otros dos magistrados, con dos salvamentos de voto. Al no cumplir con la mayoría requerida por la ley, la Corte Suprema determinó que el documento no posee fuerza vinculante.
La sentencia de la Corte no solo invalidó el beneficio otorgado en el caso de los paramilitares, sino que calificó el escrito de Sanabria Buitrago como un simple texto sin carácter judicial. El tribunal puntualizó que
“no es una sentencia judicial, sino un borrador porque no fue aprobado por la mayoría de la Corporación”
.
Para el alto tribunal, la situación es clara:
“se trata de dos particulares que no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”
. En consecuencia, cualquier intervención reciente se considera fuera del marco legal vigente.
A pesar de que el ciclo oficial de Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria en la rama judicial terminó hace varios años, su persistencia en la toma de decisiones ha generado un vacío institucional. Esta situación, que involucra la gestión de bienes clave para la justicia transicional, se encuentra ahora bajo la lupa de las autoridades penales colombianas.
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