En un movimiento judicial de carácter internacional, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comunicó de manera oficial que ha iniciado las gestiones necesarias para que la Interpol emita una ficha roja de búsqueda contra el exmandatario Silvano Aureoles Conejo. El exfuncionario es requerido por la justicia mexicana debido a su presunta vinculación con un fraude millonario y la masacre de Arantepacua.
La petición formal fue elevada ante Ernestina Godoy Ramos, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción se fundamenta en los reportes de inteligencia que sugieren que el exgobernador Aureoles Conejo se habría trasladado fuera del territorio nacional para evadir sus procesos legales.
“Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país, por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol, a todos los países con los que tenemos acuerdos en materia de justicia para girar la ficha”
expresó el actual gobernador durante un encuentro con los medios de comunicación.
Imputaciones por corrupción y crímenes de lesa humanidad
Ramírez Bedolla enfatizó que la orden de aprehensión más reciente contra el exmandatario fue dictada por un juzgado penal local. Dicho mandamiento judicial está estrictamente ligado a los hechos violentos ocurridos en Arantepacua el pasado 5 de abril de 2027, jornada que se saldó con la detención arbitraria de 38 personas y el fallecimiento de 4 ciudadanos.
No obstante, este no es el único cargo que pesa sobre Silvano Aureoles. Previamente, ya se había emitido una orden de captura por un desfalco financiero estimado en 3 mil 600 millones de pesos. Este presunto fraude habría ocurrido durante su gestión administrativa, comprendida entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2021.
El titular del ejecutivo estatal subrayó que existe una labor conjunta y permanente con la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El objetivo central de estas instituciones es el rastreo, localización y aseguramiento del exgobernador michoacano.
“Esta es una prioridad para nosotros, que se haga justicia a la población de Arantepacua, pero que también se haga justicia a todo el pueblo de Michoacán en el sentido de este fraude millonario. Se está actuando, se está trabajando en coordinación para lograr la detención”
reiteró el gobernador Ramírez Bedolla, destacando el compromiso de su administración con la rendición de cuentas.
Es importante resaltar que el proceso penal por la masacre no solo incluye a Aureoles. La justicia ha emitido órdenes de arresto contra 15 personas adicionales. Entre los implicados se encuentra Juan Bernardo Corona, quien fungió como secretario de Seguridad Estatal, además de 14 agentes de la policía estatal señalados por su participación directa en el operativo.
Antecedentes del operativo en la comunidad de Arantepacua
La intervención policial del 5 de abril de 2017 ha sido documentada como un episodio de graves vulneraciones a los derechos humanos. En dicho evento perdieron la vida cuatro residentes de la localidad, lo que motivó a los pobladores a exigir que las investigaciones se mantengan activas hasta castigar a los responsables.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su recomendación 42VG/2020, evidenció la magnitud de la represión. El informe señala que participaron al menos 300 efectivos policiales que ejecutaron allanamientos ilegales en 56 inmuebles. El saldo final registrado fue de cuatro civiles y un oficial fallecidos, sumado a actos de tortura y privaciones ilegales de la libertad.
Hallazgos de la CNDH sobre el uso excesivo de la fuerza
La investigación detalló que la crisis inició tras una serie de bloqueos en las carreteras derivados de una disputa de tierras entre las etnias de Capácuaro y Arantepacua. En respuesta, fuerzas estatales, federales y militares intervinieron bajo el mando de la entonces Procuraduría de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública.
Según los datos recopilados por la CNDH, el despliegue de fuerza se ordenó de forma punitiva luego de que 38 delegados indígenas fueran capturados el 4 de abril, tras haber asistido a diálogos con representantes de Gobernación.
El operativo incluyó el uso de gas lacrimógeno, detonaciones de armas de fuego de manera indiscriminada y el empleo de un helicóptero para el suministro de municiones y armamento a los agentes en tierra. Aunque las autoridades del momento alegaron una supuesta agresión inicial, la comisión determinó que la respuesta estatal fue “ilegal, excesiva y desproporcionada”.
Entre los hallazgos más críticos de la CNDH se encuentran:
- Ejecución de 56 cateos sin orden judicial en viviendas particulares.
- Casos de tortura contra miembros de la comunidad.
- Privación arbitraria de la libertad de múltiples ciudadanos.
Finalmente, se recordó que en diciembre de 2025, equipos periciales visitaron la zona para implementar el Protocolo de Estambul. Este procedimiento forense fue clave para consolidar las 16 órdenes de aprehensión que actualmente pesan sobre los antiguos servidores públicos de la administración de Silvano Aureoles.
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