El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) impulsa un proceso de contratación para el “servicio de almacenamiento en silos para garantizar la recepción, conservación y custodia de hasta 12.000 toneladas métricas de arroz cáscara en el cantón Yaguachi“.
El proceso tiene un presupuesto referencial de USD 1.105.300 más IVA, por un plazo de 365 días.
Ese contrato, de acuerdo a documentos que justifican el proceso, expone las falencias logísticas del Gobierno y el impacto de haber desarticulado a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP), empresa pública que entró en liquidación en la gestión del expresidente Lenín Moreno y que continúa en la actual administración de Daniel Noboa.
El objetivo de este proceso de contratación -que actualmente está en la etapa de preguntas y respuestas- es resguardar la gramínea que el Gobierno planea comprar a los productores durante el ejercicio fiscal 2026 para “fortalecer” la reserva estratégica y “regular” el mercado interno.
Sin embargo, en la justificación del proceso contractual se expone una confesión institucional sobre las consecuencias de haber extinguido la Unidad Nacional de Almacenamiento, pues la administración de Noboa se apresta a desembolsar una cifra millonaria para alquilar espacios que el Gobierno solía poseer.
La “confesión”
En los documentos oficiales del proceso, la Subsecretaría de Información y Fomento de Comercialización Agropecuaria admite que “actualmente el Ministerio de Agricultura no dispone de infraestructura propia suficiente para la gestión de almacenamiento de volúmenes significativos de productos agrícolas estratégicos“.
Esta carencia de un espacio físico no es producto del azar, sino de una decisión política que el mismo informe rastrea hasta el año 2020.
El documento subraya que, hasta ese año, la UNA EP era la entidad encargada de administrar la red de silos y centros de acopio a nivel nacional.
No obstante, tras la emisión del Decreto Ejecutivo 1062 por parte del gobierno de Lenín Moreno, se dispuso la extinción de la empresa, lo que “implicó que el Estado ecuatoriano dejara de contar con una red institucional de infraestructura especializada”.
Ante esta falta de capacidad instalada, el MAGP incluso realizó gestiones desesperadas para encontrar inmuebles públicos antes de recurrir a la empresa privada.
Mediante el Oficio Nro. MAGP-SIFCA-2026-0183-O, la cartera de Estado solicitó a Inmobiliar verificar si existían bienes que cumplieran con las características técnicas para almacenar 20.000 toneladas de arroz en Guayas y Los Ríos. La respuesta de la Dirección Zonal 5 y 8 fue tajante: “no se han encontrado bienes inmuebles disponibles que cumplan con dicha necesidad”.
Incluso, la Coordinación Administrativa Financiera del propio Ministerio emitió una certificación el 15 de marzo de 2026, en la que confirmó que “la institución no dispone de bienes inmuebles que cuenten con la capacidad técnica, operativa ni logística necesaria” para esta tarea.
Esta acefalía logística obliga al Estado a pagar a terceros por servicios de limpieza, secado, fumigación y custodia que antes se realizaban casa adentro.
De hecho, el Ministerio de Agricultura admite que la implementación de infraestructura propia hoy requeriría “inversiones significativas en construcción”, lo que justifica la contratación externa como la opción más “eficiente” en el corto plazo.
Desmantelamiento desde 2020
UNA EP, que se creó en agosto del 2007, tenía el objetivo de almacenar y comercializar productos agropecuarios y administrar la reserva estratégica de esos insumos agrícolas.
Pese a su importancia, Lenín Moreno inició un proceso de extinción el 19 de mayo de 2020, en su objetivo de achicar el gasto (optimización institucional frente a la crisis sanitaria del coronavirus).
En aquel momento, Moreno argumentó que el cierre ahorraría recursos, pero el tiempo ha demostrado todo lo contrario.
El proceso de cierre siguió en la gestión de Guillermo Lasso y ahora continúa en la administración del Presidente Daniel Noboa, quien el 31 de diciembre de 2025 firmó el Decreto Ejecutivo 275, extendiendo el plazo de liquidación de la UNA EP hasta el 30 de abril de 2026.
Corrupción en la época de Moreno y Lasso, según la Contraloría
Tras el inicio del proceso de cierre en 2020, en UNA EP se detectó presuntas irregularidades.
La Contraloría identificó un perjuicio de aproximadamente USD 9 millones en la empresa pública entre 2018 y 2023 en medio de las administraciones de Moreno y Lasso.
Las auditorías revelaron “falencias en el manejo” de la reserva estratégica, incluyendo arroz que nunca fue devuelto por piladoras privadas y la falta de multas a contratistas incumplidos.
Incluso se detectó que, en 2022, tras un allanamiento a una piladora contratada por la UNA EP, no se encontraron 196.278 quintales que debían estar almacenados. Además, existían diferencias de más de USD 5,8 millones entre los saldos contables y el stock real en bodegas.
Yaguachi: El nodo logístico que el Estado ya no controla
La elección del cantón San Jacinto de Yaguachi para este nuevo contrato no es casual.
Según el análisis técnico del Ministerio, la provincia del Guayas concentra el 85% de la capacidad de almacenamiento de arroz en el país, y Yaguachi posee casi el 20% de esa capacidad provincial.
Es un punto estratégico que articula la producción del sur de Guayas y Los Ríos.
El contrato actual exige que el proveedor privado no solo preste el espacio, sino que garantice un sistema de termometría, aireación, control de plagas y un circuito de monitoreo por cámaras.
También obliga al contratista a contar con seguros contra incendios, catástrofes naturales y robos, asumiendo la reposición económica en caso de siniestros.
Todas estas son capacidades que UNA EP brindaba en su momento.
Control estatal
Actualmente, el Gobierno intervino el mercado de arroz en su supuesta lucha para evitar que los intermediarios perjudiquen al pequeño productor durante las cosechas.
El 13 de febrero pasado, Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 307, que otorgó al Ministerio de Agricultura la competencia para la compra, venta o almacenamiento de maíz y arroz; y a la vez derogó el Decreto Ejecutivo 596, del 11 de abril de 2025, que ya asignaba a la cartera de Estado esa competencia.
Es decir, se echó abajo la figura de gestión delegada con la participación de piladoras, que eran las que compraban el arroz a los productores con financiamiento del Gobierno.
Ahora, con este decreto, la compra es realizada directamente por el MAGP y las personas productoras calificadas serán contactadas para coordinar la entrega de la gramínea en los centros de acopio establecidos para el efecto.
Radio Pichincha