El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde a la quinta revisión del acuerdo de crédito con Ecuador, un aval que despeja el camino para un nuevo desembolso de aproximadamente USD 394 millones.
Sin embargo, este respaldo del organismo multilateral está condicionado a la implementación de medidas económicas que golpean directamente el bolsillo ciudadano, como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos procesados de la canasta básica y el compromiso de eliminar exenciones tributarias.
El FMI destaca a la gestión de Daniel Noboa tras adoptar acciones para racionalizar los gastos tributarios y fortalecer los ingresos estatales.
No obstante, estas acciones han generado una ola de críticas, ya que implican que productos que antes tenían tarifa 0% de IVA ahora tributen el 15%. A través de polémicas circulares del Servicio de Rentas Internas (SRI), alimentos de consumo masivo como las leches deslactosadas, carnes elaboradas, yogures y hasta el encebollado en lata han pasado a pagar la tarifa máxima del impuesto.
En total, al menos, 60 alimentos procesados deben venderse con 15% de IVA en Ecuador, como parte del programa de crédito que asumió Ecuador con el FMI para acceder a USD 5.000 millones.
Sin embargo, tras las críticas de los sectores productivos, el SRI corrigió el IVA del 15% que había determinado a varios productos lácteos y tipos de pan.
Críticas
Analistas y sectores productivos cuestionan que el FMI avale decisiones que consideran regresivas, pues afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos.
Además, existe una fuerte denuncia sobre la inseguridad jurídica que generan estos ajustes; gremios industriales señalan que el Gobierno está usando interpretaciones administrativas (circulares del SRI) para reformar categorías tributarias sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, como dicta la ley.
Incertidumbre por ejecución de los ajustes
A pesar de las exigencias internacionales, persiste una duda: el Gobierno aún no aclara con precisión cómo ejecutará el resto de los ajustes.
El compromiso con el FMI incluye revisar un gasto tributario total que supera los USD 7.000 millones, lo que pone bajo la lupa exenciones en servicios de salud, educación y beneficios empresariales que hoy le cuestan caro al fisco.
Con una meta de ajuste fiscal del 1,7% del PIB para 2026, que obliga al Estado a acumular USD 2.200 millones, el desafío del Gobierno de Daniel Noboa será cumplir con estas metas de austeridad en un año marcado por el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades seccionales.
El fin de los subsidios a combustibles, tasas de interés, reducir sueldos y salarios
Este nuevo desembolso se suma a una lista de compromisos previos que el FMI ha presionado por años, destacando la eliminación de los subsidios a los combustibles.
El Gobierno ya dio pasos firmes en este sentido al alinear los precios del diésel y la gasolina de bajo octanaje con los valores internacionales, implementando mecanismos de compensación que, para muchos, resultan insuficientes ante el alza del costo de vida.
Ecuador también se comprometió en seguir reduciendo el gasto en sueldos y salarios del sector público, en liberar las tasas de interés con base a las fluctuaciones del mercado internacional, y otras polémicas decisiones.
Radio Pichincha