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Corte Constitucional negó las medidas cautelares solicitadas por el concejal Campaña a reformas al Coota

La jueza de la Corte Constitucional, Claudia Salgado, admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el concejal de Quito, Andrés Campaña, contra las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Sin embargo, también negó las medidas cautelares que buscaban frenar los efectos de la norma.

La resolución se emitió el 13 de marzo de 2026 y fue notificada al edil la tarde del martes 7 de abril.

Bajo la causa 25-26-IN se aclara que el trámite no implica un prejuzgamiento sobre la materialidad de la pretensión.

Gobierno y Asamblea deberán presentar elementos de descargo

La Corte corrió traslado del auto y de la copia de la demanda a cuatro instituciones del Estado para que, en el término de 15 días contados desde la notificación, defiendan o impugnen la constitucionalidad de las reformas al Cootad.

Las entidades que deberán responder son:

• Asamblea Nacional
• Presidencia de la República
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Procuraduría General del Estado

¿Por qué se inadmitieron las medidas cautelares?

Según la Corte Constitucional, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Logjcc) establece que las medidas cautelares se emiten cuando se busca prevenir una amenaza o detener la violación de derechos reconocidos en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos, ya sea por causa probable y plausible, gravedad e inminencia.

En este caso, según la institución, el concejal Andrés Campaña se limitó a afirmar que la vigencia de la norma podría acarrear consecuencias graves, sin presentar pruebas en su argumentación.

En una entrevista a Radio Pichincha, el edil capitalino calificó como importante que la Corte haya respondido a su demanda, tomando en cuenta que fue la primera en ser presentada el 23 de febrero de 2026.

En ese sentido, indicó que la Asamblea, la Presidencia, el Ministerio de Finanzas y la Procuraduría tendrían 15 días hábiles contados desde el 7 de abril para presentar sus elementos de descargo, lo que significa que podrían hacerlo hasta finales de este mes.

Radio Pichincha

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