Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha establecido un precedente histórico al dictaminar que el trastorno de ansiedad generalizada sufrido por una empleada no era una dolencia común, sino que tenía un estricto origen laboral. Esta resolución judicial, analizada por Rafael Alonso, especialista en Recursos Humanos, tiene el potencial de transformar la protección legal para quienes enfrentan problemas de salud mental causados por su entorno de trabajo.
En el contexto español, una gran cantidad de organizaciones suelen catalogar la ansiedad como una enfermedad común, desligándola totalmente de las condiciones del puesto. Al respecto, Alonso enfatiza una distinción crítica que impacta directamente en la validez de los derechos del trabajador:
“No es lo mismo decir ‘tengo ansiedad’ que decir ‘mi trabajo me está enfermando’”.
El experto advierte que la clasificación inicial de la baja médica es determinante para el reconocimiento de las garantías del afectado.
El impacto de ser diagnosticado con una enfermedad común en lugar de una profesional es severo. Según explica Alonso, quien es psicólogo experto en bienestar laboral y exdirectivo de RRHH, a través de sus plataformas digitales, cuando se opta por esta vía
“pierdes derechos, pierdes protección y, sobre todo, pierdes reconocimiento”
. Esta falta de visibilidad del origen real del malestar deja a los trabajadores en una posición de vulnerabilidad frente al sistema.
Nuevas exigencias y responsabilidades para las compañías
Lo que hace especialmente relevante este fallo judicial es que la trabajadora no había interpuesto previamente una denuncia por acoso laboral. El caso demuestra que no es necesaria una situación de hostigamiento extremo para que el empleo deteriore la salud mental; basta con un conflicto no resuelto que derive en un cuadro clínico de ansiedad. Esta realidad expone las deficiencias actuales en los protocolos internos de las empresas para gestionar el bienestar de su personal.
Desde el punto de vista normativo, esto significa que las instituciones deben incrementar sus esfuerzos en la prevención de riesgos psicosociales. Bajo el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas tienen la obligación ineludible de vigilar y evitar:
- La asignación de cargas de trabajo excesivas que superen la capacidad del empleado.
- La exposición a una presión psicológica continua.
- La vulneración del derecho al descanso y la falta de medidas de desconexión.
En la actualidad, si una organización ignora que la ansiedad de un empleado nace de sus tareas profesionales, las consecuencias negativas —tanto económicas como psicológicas— son asumidas únicamente por la víctima. Es común que las personas lleguen a internalizar el problema, creyendo que su malestar se debe a una falta de profesionalismo o a una incapacidad personal para manejar el estrés, cuando el factor determinante es un entorno laboral tóxico o mal gestionado.
Validar la naturaleza profesional de estos cuadros es un paso fundamental para la justicia social. Al ser reconocida como un accidente laboral, la persona afectada accede a una cobertura mayor, prestaciones económicas más robustas y el respaldo de que su condición es consecuencia directa de su actividad productiva. Esto fortalece la defensa de quienes están sometidos a ritmos insostenibles.
Protocolo recomendado para trabajadores afectados
Para aquellos que sospechan que sus funciones laborales están deteriorando su salud mental, la recomendación de los expertos es clara: es vital dejar de normalizar el sufrimiento constante. Una estrategia clave para cualquier futura reclamación es mantener un registro detallado de las presiones recibidas, los horarios cumplidos y el volumen de tareas asignadas, ya que estas evidencias objetivas son cruciales en un proceso legal.
Rafael Alonso subraya la importancia de acudir a profesionales de la salud que puedan diagnosticar si el origen del malestar es el trabajo.
“Ponerle nombre a lo que te pasa es el primer paso para protegerte”
, asegura el especialista. Buscar acompañamiento profesional evita que el trabajador tenga que navegar el complejo proceso administrativo y emocional de forma aislada.
En conclusión, el panorama jurídico actual está forzando a las empresas a tomarse en serio la salud mental. La ley es tajante: si el ambiente de trabajo enferma al empleado, la responsabilidad debe ser asumida por la organización, garantizando siempre la protección integral de la víctima y no permitiendo que el coste del agotamiento recaiga en el eslabón más débil.
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