La trama judicial en torno a la fallida criptomoneda $LIBRA ha alcanzado nuevas esferas de poder en el gobierno de Javier Milei. El actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se desempeñaba como vocero presidencial cuando estalló el conflicto —marcado por una publicación del propio mandatario el 14 de febrero de 2025—, se encuentra en el centro de las acusaciones junto a Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La investigación apunta a la conexión de estos funcionarios con Sergio Morales, coimputado en la causa y quien ingresó a la CNV apenas cuatro días antes de la realización del Tech Forum 2024. Morales, junto a sus socios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, son señalados como figuras clave tras el análisis de múltiples intercambios y grupos de WhatsApp recuperados del dispositivo móvil de Novelli.
En este contexto, la querella representada por el inversor perjudicado Martín Romeo, bajo el patrocinio legal de Nicolás Oszust, ha solicitado formalmente que Adorni y Silva sean citados a indagatoria. Este pedido busca sumarlos a la lista de 16 señalados que incluye al presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Hasta el momento, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ha optado por una postura cautelosa, limitándose a un “téngase presente” ante la solicitud.
Los cargos que se imputan en relación con el token $LIBRA comprenden delitos de estafa, cohecho y encubrimiento. Según la denuncia, los funcionarios habrían facilitado el esquema mediante la captación de capitales, el vaciamiento de activos y una peligrosa legitimación desde las instituciones del Estado.
El papel de Manuel Adorni como validador
De acuerdo con la parte acusadora, Manuel Adorni habría aportado un necesario “sello institucional” que otorgó una falsa sensación de seguridad al mercado. Su participación como orador en el Tech Forum de octubre de 2024 habría servido como catapulta para las operaciones de Novelli y sus colaboradores.
Para los querellantes, la figura del vocero fue utilizada estratégicamente como una herramienta de mercadeo. Chats filtrados del teléfono de Novelli sugieren que se realizaron pagos por la exposición mediática del funcionario:
“Necesitamos pagá el lunes el posteo de Manuel Adorni como key note speaker (…) vocero presidencial. Que sea súper llamativo”
. La acusación es tajante al afirmar que “la organización pagó por las publicaciones de Manuel Adorni y utilizó deliberadamente su cargo público para generar una confianza artificial”.
Irregularidades en la Comisión Nacional de Valores
El caso contra Roberto Silva se fundamenta en la contratación de Sergio Morales como asesor del Directorio de la CNV en octubre de 2024. Morales, descrito por la querella como “el infiltrado”, habría obtenido un cargo diseñado específicamente para él como experto en blockchain, criptoactivos y tecnologías emergentes, tras un proceso de búsqueda interna que sospechosamente fracasó.
La cronología de los hechos resulta comprometedora. Solo un día después de que Morales asumiera sus funciones regulatorias, se habría gestionado de forma oculta el “Kelsier Group LATAM Agreement”, un contrato vinculado a sobornos por un monto de USD 1.550.000 con una firma offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Durante ese mismo periodo, el desarrollador Julián Peh se alojaba en el Hotel Libertador para avanzar en los aspectos técnicos del proyecto.
A pesar de su cargo público, Morales habría continuado actuando como socio administrador de la estructura privada. Su firma aparece en contratos con Kelsier Group junto a Novelli y Terrones Godoy, estipulando comisiones del 35% por negocios vinculados a Hayden Davis, el creador de $LIBRA.
Adicionalmente, informes de ARCA revelan que Morales facturó honorarios a entidades que la propia CNV debía fiscalizar. Se sospecha que utilizó su cuenta bancaria oficial como fachada para triangular fondos provenientes de exchanges como Bybit y BuenBit, dirigiendo el dinero hacia cajas de seguridad destinadas a resguardar el efectivo del presunto Rug Pull.
La querella sostiene que el ingreso de Morales al organismo el 15 de octubre fue un movimiento estratégico:
“En conclusión, el 15 de octubre no es solo una fecha administrativa. Es el momento exacto en que la asociación ilícita logra la captura regulatoria del Estado, garantizando que las leyes para el sector cripto (los PSAV) que iban a afectar a su estafa fueran redactadas desde adentro por uno de sus propios cabecillas”
.
Señalamientos contra la gestión de Roberto Silva
Como superior jerárquico de Morales, Roberto Silva es señalado por mantener comunicaciones constantes con quien es considerado el cerebro financiero de la operación. Entre febrero y marzo de 2025, ambos habrían trabajado en borradores para regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), específicamente sobre el artículo 37, lo que implicaría el diseño de normativas a medida de los intereses investigados.
Asimismo, el nombre de Silva fue utilizado en el sitio de “Tech Forum” para generar confianza en inversores potenciales poco antes del lanzamiento de $LIBRA. Un chat del 26 de febrero de 2025 muestra que Silva estaba al tanto de las irregularidades, escribiéndole a Morales:
“Por todo lado están lavando plata… como lo de Libra… no podés mentir ya que la blockchain es pública e inmutable”
.
Pese a esta advertencia, Silva no denunció los hechos ni apartó a Morales de inmediato, permitiéndole incluso gestionar su renuncia antes de los allanamientos judiciales. Finalmente, la CNV archivó un expediente administrativo en abril de 2025, concluyendo que Morales no tuvo participación en el escándalo, acto que la querella califica como la maniobra definitiva de encubrimiento.
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