En una nueva arremetida mediática, el presidente Gustavo Petro ha reactivado sus cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos democráticos, señalando directamente supuestos nexos entre el jurista Abelardo de la Espriella y la firma Thomas Greg & Sons. Esta empresa es la encargada histórica de proporcionar el respaldo logístico necesario a la Registraduría Nacional del Estado Civil durante las jornadas de votación.
Tras un breve periodo de silencio sobre el tema, el jefe de Estado retomó sus acusaciones basándose en presuntos informes de inteligencia que, según su versión, confirmarían dichas relaciones. No obstante, a pesar de la gravedad de sus palabras, el mandatario no ha facilitado pruebas de carácter público que sustenten estas afirmaciones de manera documental.
“Claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales”
expresó el presidente en uno de los puntos más críticos de su intervención, refiriéndose a las herramientas digitales que se utilizan para el conteo de los votos en el país.
Cuestionamientos a la integridad del software electoral
Durante su pronunciamiento, Gustavo Petro puso en tela de juicio la seguridad y el manejo de los sistemas destinados al preconteo y al escrutinio oficial. El mandatario argumentó que existe una disposición judicial vigente que obliga a la transición de este software hacia un modelo de titularidad pública, una orden que, bajo su perspectiva, ha sido ignorada sistemáticamente.
El mandatario calificó como un hecho de alta peligrosidad que un aspirante a la presidencia mantenga vínculos con los dueños de la tecnología que audita los sufragios. De igual forma, lanzó una advertencia sobre la estructura técnica de las próximas elecciones, asegurando que no operará un único sistema transparente. Según Petro:
“no es un software el que está disponible para estas elecciones sino tres ocultos, alistándose para un fraude”
El mandatario insistió en que esta falta de claridad en el sistema de conteo es una ventana abierta a la manipulación de resultados. Además, recordó que el incumplimiento de las normativas no es reciente, pues señaló que:
“desde el 2018 la sala plena del Consejo de Estado ordenó cambiar ese software por uno público y poderoso”
Responsabilidades de exfuncionarios y actores del poder
La declaración del presidente Petro también incluyó nombres propios de la esfera política y administrativa. Uno de los principales señalados fue el exregistrador nacional Alexander Vega, a quien el mandatario acusa de haber permitido que el software cuestionado continuara en funcionamiento durante su periodo administrativo.
Para el jefe de Estado, Vega fue la figura clave que facilitó la contratación de los hermanos Bautista como actores determinantes en los escrutinios de las elecciones presidenciales, contraviniendo supuestamente la decisión del Consejo de Estado emitida hace seis años.
En su análisis, Petro también vinculó al actual procurador general, Gregorio Eljach, sugiriendo una cercanía política con Vega que podría influir en decisiones administrativas y contractuales del Estado. Sobre el exregistrador, el presidente fue enfático al describir sus actividades actuales:
“no solo se mueve como presidente del partido de la U sino como lobbista de la empresa privada de los hermanos Bautista”
El contrato de pasaportes y el riesgo de suplantación
Finalmente, el presidente Gustavo Petro vinculó la controversia del contrato para la expedición de pasaportes con la seguridad del censo electoral. El mandatario sugirió que una eventual anulación de los procesos actuales podría devolver el control de este servicio a la empresa Thomas Greg & Sons, lo que a su juicio representaría un riesgo para la privacidad de la información ciudadana.
Petro planteó un escenario hipotético donde los datos personales de quienes tramitan su documento de viaje podrían ser utilizados indebidamente con fines electorales. Su teoría se centra en los colombianos que residen o viajan al exterior y que no acuden a las urnas. Al respecto, el mandatario afirmó:
“la data general de la ciudadanía usuaria de pasaportes puede ser usada… para que nacionales que salieron y no volvieron a las urnas sean suplantados por votos del fraude”
Estas declaraciones se suman a la serie de hipótesis que el presidente ha expuesto sobre la vulnerabilidad del sistema electoral, aunque se mantienen como acusaciones sin el soporte de pruebas técnicas o judiciales presentadas de forma abierta al público hasta el momento.
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