El reconocido abogado José Domingo Pérez, quien fuera una de las figuras más visibles del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, ha hecho público su nuevo rol como líder de la defensa técnica del expresidente peruano Pedro Castillo. Actualmente, el exmandatario cumple una sentencia de más de 11 años de privación de libertad tras ser procesado por el delito de conspiración para una rebelión, derivado de los sucesos vinculados al intento de autogolpe ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
El jurista informó que ya ha mantenido sesiones de trabajo con su cliente en el penal Barbadillo, donde el exjefe de Estado permanece recluido. Pérez confirmó su presencia inmediata en las diligencias del Poder Judicial para oficializar su participación en el caso y comenzar las acciones legales pertinentes.
Cuestionamientos al proceso judicial
En declaraciones ofrecidas al medio digital ‘Yachay Wasy’, el ahora abogado defensor manifestó que Pedro Castillo requiere una representación legal sólida frente a un escenario que considera viciado. Según sus palabras, el exgobernante “necesita el ejercicio de la defensa ante un proceso en el cual ha estado plagado de muchas irregularidades e injusticias”. Pérez fue más allá al calificar la situación jurídica actual como una privación ilegítima de la libertad, señalando que “el presidente es un preso político que se encuentra secuestrado en este momento porque no se le permitió el ejercicio libre de su defensa”.
La estrategia del exfiscal incluye críticas frontales a la imparcialidad del sistema de justicia. Acusó directamente a los magistrados encargados del juicio oral de Castillo de actuar bajo consignas preestablecidas, describiéndolos como “jueces que ya tenían una parcialidad manifiesta y tenían una sentencia anticipada”. El objetivo principal declarado por Pérez es revertir la condena actual y lograr que el expresidente recupere su libertad plena.
“Yo también soy víctima de toda esta componenda mafiosa que gobierna las instituciones en este momento y en ese orden vengo ejerciendo ya mi profesión como abogado”, afirmó el jurista.
Pérez argumentó que su postura coincide con la visión de diversos analistas y organismos internacionales que perciben a su patrocinado como un perseguido político, motivo por el cual agotará todas las instancias legales para su excarcelación.
El factor político y el indulto
En el marco de la actual coyuntura electoral en Perú, donde varios aspirantes a la presidencia han mencionado la posibilidad de otorgar un indulto a Castillo, Pérez se mostró a favor de cualquier mecanismo que acelere su salida de prisión. Expresó su expectativa de que la liberación se produzca “lo más pronto posible”.
Sobre las corrientes políticas que apoyan esta medida, el abogado indicó que “diversas agrupaciones políticas que están en esta contienda electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades”, según detalló en sus intervenciones públicas.
Antecedentes: La salida de Pérez de la Fiscalía
La transición de José Domingo Pérez Gómez al ámbito de la defensa privada ocurre meses después de su desvinculación oficial del Ministerio Público en marzo del presente año. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó la determinación unánime de no ratificarlo en su cargo como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima.
La evaluación realizada por la JNJ contempló su trayectoria desde diciembre de 2011 hasta marzo de 2026. En dicho análisis se tomaron en cuenta las carpetas fiscales que dirigió, entre las que destaca el mediático “caso Cócteles”. Pese a que el informe de la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación le otorgó una calificación de 94.487 en el renglón de idoneidad técnica, la decisión de no ratificarlo se basó en fallas detectadas en la estructuración de sus acusaciones.
Uno de los puntos determinantes para la JNJ fue una resolución del Tribunal Constitucional que anuló una de las acusaciones de Pérez, concluyendo que se había vulnerado el derecho fundamental a la defensa de un procesado. Estos cuestionamientos a su rigor procedimental fueron los que finalmente provocaron su salida de la carrera fiscal.
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